Francia se encuentra desde el pasado día 13 en máxima alerta terrorista tras los atentados de Arras (norte del país) y de Bruselas, y ante el aumento de la amenaza yihadista en todo el mundo por la explosiva situación en Oriente Próximo. El terrorismo islamista ... golpeó ese día, una vez más, uno de los pilares de la República gala: la escuela pública. Dominique Bernard, profesor de francés, fue asesinado en un instituto de Arras por un antiguo alumno que juró lealtad al Estado Islámico antes del ataque. Su asesinato tuvo lugar tres años después de la muerte del profesor de Historia Samuel Paty, decapitado por un islamista checheno en 2020 por enseñar en clase las controvertidas caricaturas de Mahoma.
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Tras el atentado de Arras, el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó doblar el número de soldados de la operación antiterrorista Centinela, pasando de 3.000 a 7.000 hombres de patrulla en las calles. La operación Centinela fue lanzada en enero de 2015 por el presidente socialista François Hollande tras los atentados contra la revista Charlie Hebdo y el supermercado judío Hypercasher para tratar de proteger a los franceses de más ataques.
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Macron advirtió esta semana en contra de «la importación» del conflicto de Oriente Próximo a Francia. El presidente teme que la guerra entre Hamás e Israel pueda ser «un elemento de división» entre los franceses. Sin embargo, esa «importación» es una realidad desde hace mucho tiempo en el país vecino, que cuenta con las comunidades judía y musulmana más numerosas de Europa occidental.
Francia ha sido víctima en múltiples ocasiones del azote islamista en su propio suelo. Además, 30 franceses murieron en el sanguinario ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel y siete se encuentran desparecidos y probablemente secuestrados por los terroristas.
El gobierno galo prohibió las manifestaciones propalestinas, ante el temor de que se produjeran graves incidentes, pero el Consejo de Estado ha dictaminado que esta prohibición debe decidirse «caso por caso» y no de forma sistemática, como pretendía el ministro de Interior, Gérald Darmanin.
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Ocho años después de los atentados terroristas de la discoteca Bataclan en 2015, las falsas amenazas de bomba se han multiplicado en los últimos días en aeropuertos, colegios e institutos y lugares turísticos, generando un clima de tensión en todo el país. Francia también ha registrado esta semana un fuerte aumento de los actos antisemitas tras los intensos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque terrorista de Hamás.
Tras los atentados de Arras y Bruselas, ocho de cada diez franceses (el 84%) se muestran «inquietos» ante la amenaza terrorista y un 33% de ellos confiesan estar «muy inquietos», según un sondeo reciente del instituto Elabe para la cadena BFMTV. Y muchos ya toman precauciones. En concreto, el 41% de los franceses tienen intención de cambiar algunos hábitos en sus vidas. Por ejemplo, y según el mismo sondeo, dejar de asistir a grandes eventos, evitar hacer turismo en algunas ciudades o por ciertos lugares, salir menos a restaurantes, bares o salas de espectáculos, o utilizar menos los transportes públicos.
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El atentado de Arras también ha reabierto en Francia el debate sobre la expulsión de los extranjeros radicalizados. El presunto asesino del profesor Bernard es Mohammed Mogouchkov, un joven islamista de 20 años de origen ruso. Solo su padre había sido expulsado de Francia por su radicalización, pero no el resto de la familia a pesar de que se les había denegado el asilo. Su hermano mayor está encarcelado por apología del terrorismo.
Siete de cada diez franceses creen que una forma eficaz de luchar contra el terrorismo en el país sería expulsar a todos los extranjeros radicalizados considerados peligrosos por los servicios de seguridad. Pero se muestran escépticos. El 77% están convencidos de que el Ejecutivo galo no lo hará a pesar de las promesas de Macron al respecto.
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Los franceses confían poco en las capacidades de su Gobierno para luchar de forma eficaz contra el terrorismo. Según el sondeo citado, el 63% no confía en el ministro de Interior Darmanin y el 55% tampoco lo hace en el de Educación, Gabriel Attal, a la hora de proteger los centros de enseñanza.
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