Israel se sienta en el banquillo

Malasia, Bolivia, Turquía y Jordania han anunciado su apoyo a esta demanda que preocupa a unos dirigentes de Israel cuyas declaraciones incendiarias en los últimos meses forman parte de los argumentos presentados en el informe de 84 páginas por los sudafricanos. Manifestaciones como que Israel «combate contra animales y debe actuar de acuerdo a ello», del ministro de Defensa, Yoav Gallant; o «todos son terroristas y hay que destruirlos», del responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figuran en el documento.

El procedimiento será largo, pero la demanda solicita medidas cautelares para que «Israel suspenda de manera inmediata todas las operaciones militares y cualesquiera otras que puedan conducir a la muerte, daño físico o mental, o infligir al pueblo palestino condiciones de vida concebidas para su destrucción total o parcial», apunta el catedrático emérito de Derecho Internacional de la UAM, Antonio Remiro.

Estas medidas cautelares preocupan a unos israelíes que, con el apoyo de Estados Unidos, se niegan, por ejemplo, a respetar un alto el fuego hasta que den por terminada la amenaza de Hamás. La importancia del caso ha hecho que el Estado judío opte por el expresidente de la Corte Suprema Aharon Barak, de 87 años, como representante del país. Esta designación ha molestado a los sectores conservadores y ultranacionalistas del Gobierno porque Barak es una de las voces más críticas con la reforma de la justicia impulsada por Netanyahu. Al final ha podido su experiencia sobre las diferencias internas y el propio primer ministro aprobó el nombramiento de un jurista abiertamente opositor.

«Aunque la idea de que Israel comete genocidio en la guerra de Gaza, es decir, asesinando intencionalmente a civiles palestinos, puede parecer descabellada para algunos, las acusaciones son extremadamente graves e incluso un fallo provisional podría tener un impacto severo en su estatus internacional y reputación global, con consecuencias diplomáticas y políticas potencialmente nefastas», alerta el experto en temas legales de 'Times Of Israel' Jeremy Sharon en un artículo que titula 'Deberíamos preocuparnos'.

Países como Estados Unidos se han apresurado a cerrar filas en torno a su aliado y consideran la demanda «infundada», según la definió el secretario de Estado, Antony Blinken, que acaba de realizar su quinto viaje a Israel y Cisjordania desde el estallido de la guerra. Tel Aviv cuenta con la garantía de que Washington usará el derecho a veto para bloquear cualquier resolución del Consejo de Seguridad que no se ajuste a su criterio.

Las medidas cautelares no suponen una decisión final de que Israel es culpable de genocidio, sino más bien que las acusaciones se consideren plausibles y en tres de los cuatro casos que esta corte ha abordado por genocidio siempre se han adoptado. Israel se suma a la antigua Yugoslavia, Birmania y Rusia como país acusado de genocidio y se inicia un largo camino judicial cuyo final no se conocerá hasta dentro de muchos años. Israel se sienta en el banquillo bajo la acusación de violar la Convención del Genocidio, establecida en 1948 tras la II Guerra Mundial y el Holocausto.