La Fiscalía del Tribunal de La Haya pide una orden de arresto contra Netanyahu

A falta de que los jueces den a conocer su decisión final, el fiscal jefe del alto tribunal, Karim Khan, ha asegurado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los «motivos razonables» para creer que «tienen responsabilidad penal» en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad «cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre». Ha pedido igualmente que se tomen las mismas medidas contra el jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, así como a otros dos altos mandos del grupo terrorista, por su «responsabilidad penal» en los ataques del 7 de octubre, que considera «crímenes de guerra y contra la humanidad».

En el caso de Netanyahu y Gallant, el fiscal jefe del tribunal de La Haya ve indicios de que ambos serían responsables de «la muerte por hambre de civiles como método de guerra», tras el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria por vía terrestre a la Franja. Los considera, del mismo modo, partícipes de «causar voluntariamente un gran sufrimiento o heridas graves», «asesinato intencionado o asesinato como crimen de guerra» y de «ataques contra población civil».

El Ministerio de Salud de Gaza -bajo control de Hamás- ya cifra en 35.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí y el fiscal del TPI acusa a los líderes israelíes de «exterminio», «persecución» y «otros actos inhumanos».

La oficina del fiscal jefe ha recopilado pruebas, ha entrevistado a supervivientes y testigos y ha concluido que «los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina, en línea con una política de Estado». Unos crímenes que, según ha alertado, «continúan hoy en día».

El Estado hebreo «ha privado a la población gazatí de bienes «indispensables para la supervivencia», con el cierre de pasos fronterizos, cortes de agua y electricidad y las restricciones en el suministro de comida y medicamentos. La lista de cargos contra Netanyahu y el ministro de Exteriores incluye los «ataques contra civiles que hacían cola para recibir comida», así como los «asesinatos de trabajadores humanitarios». Se trata, en definitiva, «de un plan común para usar el hambre como un método de guerra» y «castigar colectivamente a la población civil de Gaza».

«Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el Derecho Internacional Humanitario», ha dicho Khan. «Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza, es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil, son criminales», ha remarcado.

Por otra parte, Khan ha destacado que la petición de órdenes de arresto contra Sinwar, 'Abú Deif' y Haniye derivan de los ataques perpetrados el 7 de octubre contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, y de las acciones del grupo islamista en Gaza desde esa fecha. Así, ha detallado que se trata de su responsabilidad en «exterminio», «asesinato como crimen contra la humanidad y como crimen de guerra», «secuestros como crimen de guerra», «violación y otros actos de violencia sexual», «tortura», «otros actos inhumanos», «tratamiento cruel en el contexto de cautiverio» y «actos contra la dignidad personal en el contexto de un cautiverio».

Khan ha dicho que «los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás que se desarrolla en paralelo», antes de afirmar que «fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel por parte de Hamás y otros grupos armados».

«Mi oficina sostiene que hay motivos razonables para creer que Sinwar, Deif y Haniye son responsables penales del asesinato de cientos de civiles israelíes en los ataques perpetrados por Hamás, particularmente su ala armada, y otros grupos armados el 7 de octubre», ha defendido, antes de abundar en que «como parte de las investigaciones» han sido entrevistados «víctimas y supervivientes, incluidos antiguos rehenes y testigos en seis de ubicaciones principales de los ataques».

«La investigación también se fundamenta en pruebas como imágenes de cámaras de seguridad, material de audio, fotografías y vídeos verificados, declaraciones de miembros de Hamás, incluidos los presuntos autores mencionados anteriormente, y pruebas periciales», ha detallado. Así, ha agregado que los sospechosos «planificaron e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre y, a través de sus acciones, incluidas visitas personales a los rehenes tras los secuestros, reconocieron su responsabilidad en estos crímenes».

«Sostenemos que estos crímenes no podrían haber sido cometidos sin sus acciones. Están imputados como coperpetradores y como superiores, ha afirmado Khan, que ha reseñado que los rehenes «habrían sido retenidos en condiciones inhumanas, con algunos de ellos sometidos a violencia sexual, incluidas violaciones, durante su cautiverio».

Por último, ha argumentado que su oficina «actúa en línea con su mandato bajo el Estatuto de Roma», que incluye el actual conflicto, y ha defendido que estas peticiones «son el resultado de una investigación independiente e imparcial». «Recalcamos de nuevo que el Derecho Internacional y las leyes del conflicto armado que aplican a todos», ha puntualizado, antes de decir que «no dudará a la hora de solicitar nuevas órdenes de arresto».

«Seamos claros en una cuestión fundamental: si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su colapso», ha argüido Khan, quien ha indicado que es necesario «demostrar colectivamente que el Derecho Internacional Humanitario (...) se aplica a todas las personas y por igual en todas las situaciones».

El Tribunal de La Haya no tiene capacidad para ejecutar arrestos y confía en que sean los Estados firmantes del Tratado de Roma los que hagan cumplir las órdenes, lo que en la práctica supone un obstáculo para llevar a los acusados ante la Justicia. Si finalmente se emiten las órdenes de detención contra los líderes israelíes, éstos podrían ver limitada su agenda internacional, ya que los 123 países que sí reconocen al TPI tendrían la obligación de proceder a su captura si entraran en su territorio.