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Israelíes y palestinos vivieron la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como una pequeña victoria. Ambos lados vieron la botella media llena tras conocer que el tribunal seguirá adelante con el caso de genocidio contra Israel denunciado por Sudáfrica, pero sin ordenar el ... alto el fuego como una de las medidas cautelares. El pequeño palacio de la Paz de La Haya centró las miradas de unos israelíes satisfechos porque el intento de negar a Israel el derecho a defenderse «fue justamente rechazado», según Benjamín Netanyahu; y de unos palestinos para quienes el mundo tiene ahora «obligaciones legales claras para detener la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y asegurarse de que no sean cómplices», en opinión del ministro de Exteriores, Riyad Al Maliki.
La expectación era máxima ante una decisión que llegaba después de la matanza de Hamás del 7 de octubre, con 1.200 israelíes muertos y más de doscientos capturados, y la venganza israelí con más de 26.000 palestinos fallecidos en Gaza en los últimos cuatro meses. A un lado y otro de la verja de separación, la mayoría de muertos son civiles. En un fallo que contó con el apoyo de 15 de los 17 jueces, el tribunal ordenó al Estado judío adoptar cinco medidas cautelares y, en lugar de ordenar el alto el fuego, puso en el tejado de Israel la pelota de tener que presentar en un mes un informe sobre su cumplimiento.
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Estas medidas piden a Israel evitar «que se mate o se hiera a palestinos en Gaza» y «condiciones para destruir total o parcialmente a la población», dos puntos complicados de lograr sin un alto el fuego de por medio. Además, debe «prevenir y castigar la incitación pública dentro del país a cometer genocidio en Gaza» y garantizar que se proporcionen servicios humanitarios básicos para hacer frente a las «condiciones de vida adversas» en el enclave costero.
Netanyahu reaccionó diciendo que «el compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable» y que su «guerra es contra los terroristas de Hamás, no contra los civiles palestinos». El primer ministro destacó que el intento de negar a su país el derecho a defenderse «fue justamente rechazado». De todas las medidas cautelares que pidió Sudáfrica, la de la suspensión de las actividades militares en Gaza era la que más inquietaba a los israelíes, pero finalmente no se aprobó, lo que supuso un jarro de agua fría para los dos millones de gazatíes que soñaban con la posibilidad de un alto el fuego.
26.000 personas
han muerto en Gaza por la ofensiva israelí, según el último balance ofrecido este viernes por las autoridades locales.
Los ministros ultranacionalistas, como Itamar Ben Gvir, fueron más críticos que el primer ministro con el veredicto y lo tacharon de «antisemita». El responsable de Seguridad Nacional dijo que «este tribunal no busca justicia, sino la persecución del pueblo judío. Guardaron silencio durante el Holocausto y hoy continúan con la hipocresía y van un paso más allá». Ben Gvir pidió «no escuchar estas decisiones que ponen en peligro la existencia de Israel» y «seguir con la lucha hasta derrotar al enemigo».
Los medios israelíes aseguraron que la oficina del primer ministro pidió a los miembros del gabinete que no comentaran el fallo de La Haya, consciente de que las palabras de algunos habían formado parte de la acusación de Sudáfrica por incitar al genocidio.
Hamás acogió con buenos ojos la decisión y uno de sus dirigentes en el exterior, Sami Abu Zuhri, declaró a Reuters que se trata de un paso que ayuda a aislar más al Estado hebreo y urgió a la comunidad internacional a «forzar a Israel a que cumpla con las medidas cautelares».
Los dos millones de gazatíes esperaban con desesperación el alto el fuego, aunque la mayoría no habrá tenido noticias del fallo debido a los apagones de comunicaciones en la Franja y a que sus vidas se centran ahora en salvarse de las bombas, el hambre y el frío. Con el fallo en la mano, el tribunal deja en manos de Israel la aplicación de las medidas cautelares, una situación que no resulta tranquilizadora para quienes han sufrido cuatro meses de «bombardeos indiscriminados» israelíes, en palabras de Joe Bien, y un cerco por tierra, mar y aire al que entra mucha menos ayuda de la necesaria, según denuncian los organismos humanitarios.
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Mientras se daba a conocer la decisión en el Palacio de la Paz, Israel ordenaba la evacuación de decenas de miles de personas de un refugio de la ONU situado al sur de Khan Younis, el epicentro de los combates en los últimos días. Se trata de familias desplazadas del norte de la Franja a las que ahora ordenan volver a moverse hacia una zona situada en plena frontera con Egipto donde se hacinan más de un millón de personas sin ningún tipo de servicio. Hamás, por su parte, lanzó de nuevo cohetes a los kibutz vecinos a la Franja y difundió un vídeo con tres mujeres cautivas, dos soldadas y una civil, para seguir con su campaña de presión al enemigo.
El fallo provisional consta de 29 páginas, en las que el tribunal pide a Israel que tome medidas para garantizar que sus soldados y ciudadanos cumplan la convención de la ONU sobre genocidio. Ahora el Estado judío tiene un mes de plazo para informar a la CIJ sobre cómo está cumpliendo con esas medidas cautelares. Arranca un largo camino judicial para esclarecer si Israel comete o no genocidio contra los palestinos en Gaza.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) desveló este viernes que ha despedido a «varios» empleados acusados por Israel de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre cometido por comandos islamistas en el sur del Estado judío y en el que murieron 1.200 personas. Supuso el inicio de la actual guerra en Gaza.
Las autoridades israelíes comunicaron a la UNRWA «informaciones sobre la implicación de varios de sus empleados» en esa operación, según reconoció el jefe de este organismo de la ONU, Philippe Lazzarini. «Decidí rescindir con efecto inmediato los contratos de esos miembros del personal e iniciar una investigación».
Ya hay consecuencias. Estados Unidos anunció la suspensión de la financiación a la UNRWA «mientras examina» este caso. El Departamento de Estado dijo estar «extremadamente preocupado» por las sospechas que pesan sobre la agencia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló el jueves con el máximo responsable de la ONU, António Guterres, «para subrayar la necesidad de una investigación» sobre este asunto.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, alabó la decisión de la Administración norteamericana, que es «un paso importante para hacer que la UNRWA rinda cuentas». «Es necesario -agregó- realizar cambios importantes para que los esfuerzos, los fondos y las iniciativas humanitarias internacionales no alimenten el terrorismo de Hamás y el asesinato de israelíes». (Por T. Nieva)
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