La Corte Penal Internacional ordena a Israel detener «de inmediato» la ofensiva en Rafah

La presión aumenta sobre Benjamín Netanyahu y sus ministros, entre ellos Bezalel Smotrich, responsable de Economía, quienes respondieron de manera inmediata para insistir en que ninguna orden les detendrá porque «estamos en guerra por nuestra existencia». El responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidió que la respuesta a la resolución judicial sea «la conquista de Rafah, la escalada de la operación militar y la destrucción total de Hamás hasta la victoria».

El equipo legal israelí defendió ante el tribunal que la operación en Rafah es «limitada», como repite el ejército cada día, pero sus pruebas no convencieron a los magistrados de La Haya. Se trata del segundo varapalo en una semana que recibe el Ejecutivo de Tel Aviv, después de que el fiscal de la Corte, Karim Khan, pidiera a los jueces que cursen sendas órdenes de detención contra Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la muerte de civiles en la Franja, la obstrucción para introducir ayuda humanitaria y el uso del hambre como arma de guerra. En esa misma solicitud, Khan reclama el arresto de los tres principales cabecillas de Hamás.

El doctor Bassem Naim ofreció precisamente este viernes la primera reacción desde la coalición islamista e indicó que Hamás recibe «con agrado» la orden de detener la operación en Rafah, aunque «no es suficiente, ya que la agresión del ejército en el norte de Gaza, es igual de brutal y peligrosa», en alusión a la operación en marcha en Yabalia.

La Haya da un paso más en el proceso abierto por la denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica en diciembre. El organismo de la ONU que dirime conflictos entre Estados exige detener la ofensiva o cualquier otra acción contra «los palestinos como grupo» que pueda «imponer condiciones vitales que lleven a su destrucción física en todo o en parte»

Ya hace diez días, ante la grave situación generada por el asalto militar a Rafah, de donde han tenido que salir de manera forzosa más 800.000 personas, los abogados sudafricanos pidieron medidas cautelares concretas para frenar las operaciones en la ciudad del sur de Gaza y los jueces las han adoptado, aunque carecen de medios para poder implementarlas.

El tribunal también ordena a Israel «garantizar el acceso sin obstáculos a Gaza de cualquier comisión de investigación encargada por órganos competentes de Naciones Unidas para investigar denuncias de genocidio». El bloqueo impuesto a la prensa internacional se ha extendido a las misiones de expertos, que son imprescindibles para los jueces. Israel no quiere testigos de una operación militar que deja más de 35.000 muertos, según el Ministerio de Salud. La Corte pide al Estado judío que en el plazo de un mes le presente un informe sobre el cumplimiento de estas órdenes.

El primer ministro reunió por la tarde a su gabinete para analizar el último movimiento del tribunal internacional. Un portavoz aseguró que todas las denuncias incriminatorias de Sudáfrica son «falsas e indignantes». Y rechazó los postulados de La Haya al sostener que la campaña en Rafah «no ha conducido ni conducirá a la destrucción de la población civil palestina».

Israel tiene un doble frente legal internacional abierto. Al caso por genocidio se suma la petición de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa por el fiscal Khan. Todas estas acciones son calificadas de «antisemitas» por Netanyahu.

El Gobierno judío se ha negado reiteradamente a permanecer fuera de Rafah y alegó ante la Corte que un cese al fuego impuesto permitiría un reagrupamiento de los combatientes de Hamás e imposibilitaría la liberación de los rehenes. No obstante, las Fuerzas de Defensa parecen haber limitado la potencia militar de sus incursiones después de que Estados Unidos advirtiera de las posibles consecuencias humanitarias de una ocupación en masa. Tras los casi 36.000 palestinos muertos desde el comienzo de la guerra, especialmente en el norte y el centro de la Franja, el presidente, Joe Biden, le trasladó a Netanyahu que consideraría una «línea roja» la muerte indiscriminada de personas en Rafah.

El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, partidario de una ofensiva contra el territorio aledaño a Egipto, fue este viernes abruptamente crítico contra La Haya y afirmó en la red social X que «la Historia juzgará a quienes están hoy junto a los nazis de Hamás Daesh», en una complicada vinculación de la milicia que gobierna Gaza con el grupo yihadista Estado Islámico.

El secretario de general de Naciones Unidas, António Guterres, recordó que «de conformidad con la carta y el estatuto de la corte, las decisiones del tribunal son vinculantes y confía en que las partes cumplirán debidamente la orden». Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se centró en el efecto interno de la resolución judicial dentro del bloque, al entender que los Veintisiete se encuentran ante el deber de respaldarla o la decisión de mantener el apoyo a Israel. «Tendremos que elegir entre el apoyo a una institución internacional y al Estado de Derecho o nuestro respaldo a Israel», dijo el jefe de la diplomacia. El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, se limitó a señalar que «toma nota» y que las órdenes de la Corte «deben cumplirse».

También Estados Unidos afronta su propio debate. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció el pasado jueves que había cursado una invitación a Benjamín Netanyahu para intervenir en breve en una reunión conjunta del Congreso, con el fin de demostrar el respaldo estadounidense a su Ejecutivo; una iniciativa que divide a los demócratas y que puede verse abocada al escándalo pues el primer ministro hablaría al Congreso arrastrando la pesada carga de los varapalos judiciales del tribunal de La Haya. Algunos analistas de Washington remarcaban anoche que los dictámenes de este órgano no son vinculantes, pero aumentan el aislamiento internacional de Israel.