La petición de la Fiscalía de La Haya de detener a Netanyahu divide a la comunidad internacional

Ahora son los tres magistrados de La Haya quienes deben decidir si dan curso a la orden. En caso positivo -como parece que sucederá siguiendo la tradición de este órgano-, Benjamín Netanyahu tendría vedada la entrada en 124 países firmantes de los acuerdos de Roma en los que se sustenta este tribunal, a riesgo de ser detenido si pisa su suelo. Entre ellos figuran los miembros de la Unión Europea, donde las fricciones son profundas. Mientras España, Francia o Bélgica han mostrado su respaldo al fiscal, Italia, Alemania, Polonia o Hungría le reprochan que establece «paralelismos» entre el Gobierno israelí y Hamás. Fuera de la UE, que como bloque se ha limitado a expresar su apoyo a la Justicia internacional, Estados Unidos y el Reino Unido también han discrepado con gran dureza de la Fiscalía.

El horizonte es absolutamente inédito. La Corte ha procesado a tiranos, señores de la guerra de la antigua Yugoslavia y de África o gobernantes con puño de hierro y tramitado órdenes de detención contra déspotas como el libio Gadaffi o el mismo presidente ruso Vladímir Putin por la invasión de Ucrania. Pero Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, podrían convertirse en los primeros dirigentes de un país considerado democrático que son buscados por el tribunal para sentarlos en el banquillo y que rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad. Y no se trata solo de dos gobernantes, sino de los ministros principales de un firme aliado de Estados Unidos.

Khan anunció el lunes que pedirá arrestar a Netanyahu y Gallant, así como al jefe de Hamás en la Franja, Yahya Sinwar; el cabecilla de las brigadas armadas de la milicia, Mohamed Diab al Masri; y el máximo responsable de su oficina política, Ismail Haniye. A los dos primeros les acusa de los cargos de exterminio, denegación de ayuda humanitaria, usar el hambre como arma de guerra y atacar deliberadamente a civiles. A los tres dirigentes islamistas, por su parte, les atribuye los delitos de exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y agresión sexual.

«La palabra crucial aquí es el respeto al Tribunal Penal Internacional», enfatizó este martes el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, que, como es habitual en el bloque, pasó de largo sobre las disensiones internas entre los Veintisiete. Eso sí, añadió que los cargos elevados por la Fiscalía «no son un veredicto» e hizo una advertencia a navegantes al precisar que, sea cual sea el dictamen, todos los miembros de la Unión que firmaron el tratado de Roma «tienen la obligación de cumplirlo». Poco antes, un comunicado del Ejecutivo de Israel llamaba al «mundo libre y civilizado» a oponerse a las pretensiones del fiscal y a negarse a cumplir cualquier orden de detención.

España y Francia reiteraron su «compromiso» con la «independencia e imparcialidad» del órgano judicial y exigieron que se deje a sus magistrados trabajar «libres de interferencias». El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que La Haya va por «el camino correcto», mientras el gabinete chileno se mostró hasta dispuesto a «colaborar» con Khan para llevar a juicio a los ministros israelíes.

Al otro lado, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, catalogó de «inaceptable que un Gobierno elegido democráticamente pueda equipararse a una organización terrorista que organizó un atentado que ni siquiera los nazis cometieron». En otra declaración gruesa, el ministro británico Andrew Mitchel advirtió que la solicitud fiscal «no contribuye a un alto el fuego». «Esto huele a un indigno y ridículo sentido de la equivalencia moral», dijo.

Pero, sin lugar a dudas, la posición más beligerante corresponde a EE UU. El presidente, Joe Biden, tildó de «escandalosa» la iniciativa de Khan. Y su secretario de Estado, el demócrata Antony Blinken, anunció su predisposición a colaborar con los republicanos del Congreso en una respuesta «adecuada». Los conservadores han echado una mirada a la tradición del Tribunal Internacional como organismo enjuiciador de crímenes en países descompuestos, sin ley o bajo gobiernos dictatoriales y comenzado a explorar una estrategia que permita cuestionar a La Haya su legitimidad en el caso de naciones que poseen un sistema judicial «independiente, legítimo y democrático».

Una sensación bastante generalizada entre los expertos reside en que, si bien la acción judicial puede resolver responsabilidades o, al menos, establecer una condena moral sobre las tragedias que sacuden Gaza, desde el ataque terrorista del 7 de octubre a la muerte de miles de civiles, poco efecto tendrá en la consecución de una tregua o la liberación de los rehenes. De hecho, la asociación de familias de los cautivos no ha recibido con agrado la iniciativa de la Fiscalía.

Los detractores sostienen que sus consecuencias no serán idénticas para todos los destinatarios. Los dos líderes militares de Hamás permanecen escondidos en Gaza y Heniye, autoexiliado en Catar, apenas se mueve. Si lo hace es por motivos muy concretos y en un ámbito muy cerrado, como por ejemplo, cuando ha acudido con la delegación de negociadores de Hamás a Egipto. En cambio, Netanyhu mantiene una relación fluida y una agenda de viajes intensa con los países occidentales que estarían obligados a detenerle. Los expertos también se preguntan qué posición pasarían a ocupar las empresas extranjeras que trabajan con el Gobierno de Israel si éste es acusado de crímenes de guerra.