El narcocorrido de los periodistas asesinados

Al día siguiente, Álex solicitó ayuda a Reporteros Sin Fronteras (RSF), cuya delegación en España se ofreció a ayudarle a él y a los suyos en el marco de un programa de acogida a profesionales de los medios amenazados. Ninguno había resultado herido, aunque uno de los pequeños ha estado en tratamiento psicológico. La familia ha pasado un año refugiada en Calatayud (lo habitual son tres meses), mientras él trabajaba en medios digitales, ofrecía charlas y trataba de recomponer su vida.

México es el país del mundo donde se asesina a más periodistas. Los medios locales hablan de 17 fallecidos el pasado año, decenas de heridos y secuestrados sin número. Y lo hacen con nombres. Profesionales como Lourdes Maldonado, abatida a tiros en Tijuana después de haber solicitado protección federal por amenazas. O José Luis Gamboa, cabeza del portal Inforegio que aborda temas de política y seguridad, y que murió apuñalado. O Heber López, al que mataron en su casa cuando se disponía a publicar un reportaje sobre una exagente acusada de corrupción... Con Fredid Román acabaron también en su domicilio, desde donde editaba su periódico. 53 días antes habían matado a su hijo. Este 2023 van otras tres muertes, la última la semana pasada, la de Marco Aurelio Ramírez Hernández, asesinado a tiros en la ciudad de Tehuacán.

La lista de periodistas en el punto de mira es abrumadora, por que a los muertos hay que sumar las extorsiones, amenazas, robos, secuestros o intentos de silenciarles por parte de los cárteles o de quienes les protegen. Porque en México «no siempre está claro quiénes son los malos», reflexionan las víctimas, y es a menudo quien tiene el mandato constitucional de proteger quien te pone en el punto de mira. El 15 de diciembre pasado, Ciro Gómez Leyva, presentador de Radio Fórmula y del canal Imagen Televisión fue tiroteado cinco veces cuando regresaba a su domicilio en México DF por dos sicarios que le seguían en moto. Le salvó la vida el blindaje de su coche. La víspera del ataque, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien el periodista tiene frecuentes enganchadas, había tratado de desacreditarle por enésima vez: «Si uno escucha mucho a Ciro Gómez Leyva le puede salir un tumor en el cerebro».

Todos ellos, acusan desde Reporteros Sin Fronteras, son víctimas de «la complicidad» entre el crimen organizado y un Gobierno que no admite las críticas. Con todo, los datos son descorazonadores, porque los 17 informadores asesinados en México en 2022 son tres más que los muertos en más de un año de invasión de Ucrania, pese a tratarse México de un país donde no hay declarada una guerra como tal.

El mexicano es uno de los países con mayor concentración mediática del mundo, lo que dificulta sobremanera abrirse un hueco. Un ejemplo: Organización Editorial Mexicana controla 70 periódicos, 44 webs informativas, 24 emisoras... El periodismo independiente se desarrolla a menudo a través de contenidos propios 'online'. Un trabajo sin red, expuesto a «la retórica violenta y estigmatizadora contra los informadores», a los que se acusa constantemente de perjudicar al Estado, tergiversar la realidad y apoyar a la oposición.

Ataques como el perpetrado contra Gómez Leyva, al que el blindaje de su coche le salvó, demuestran que «el discurso de las autoridades contra la prensa puede alimentar actos de violencia inaceptables», ha señalado Artur Romeu, director de la Oficina en América Latina de RSF. Lo suscribe Álex Ortiz, a quien le ha tocado aprender la lección por las bravas: «Que el presidente dedique 30 minutos a la semana a estigmatizar a los medios tiene réplicas en los gobiernos locales».

Un avispero sacude la región. Lo sabe bien Guillermina García, directora editorial de Noroeste, periódico líder en Sinaloa, donde la captura a comienzos de año de Ovidio Guzmán, el hijo del 'Chapo', se saldó con 29 muertos, diez de ellos de las fuerzas del orden. No es la primera vez que arrestan al 'Ratón', como aluden a él los narcocorridos:en 2019 el Gobierno tuvo que liberarle incapaz de gestionar el tsunami que provocó su captura, lo que desató un torrente de críticas dentro y fuera del país. «La impunidad es el mejor aliado de los asesinos. Se ha visto con Ovidio, un tipo que pone en jaque a toda una ciudad», abunda Alfonso Bauluz, presidente de RSF España y hace años corresponsal en México.

Semejante escenario da una idea del avispero que es la región. Ser allí «independiente, combativo y rebelde», describe Guillermina García, tiene un precio. «Nuestra sede de Mazatlán ha recibido ráfagas de AK-47, mataron a nuestro compañero Javier Valdés, nos han despojado de las motos de reparto y nuestros reporteros son objeto de críticas y amenazas constantes en las redes sociales. En 2014, el director general recibió un balazo cuando iba conduciendo y antes llegaron a colocar cabezas humanas con carteles ante el periódico». Cuando hablamos con ella acaban de rescatar a un periodista al que había secuestrado el cártel. «Estamos en un país donde atacar a la Prensa sale bien barato».

«No somos héroes, pero tampoco nos replegamos», dice Guillermina, a quien su familia preguntó «si había perdido el juicio» cuando se mudó a su actual destino. «No evitamos los temas espinosos, pero los abordamos desde una ética y un rigor exquisitos. La logística también es importante, tenemos protocolos de seguridad que nadie se puede saltar cuando hace una cobertura arriesgada. Nadie sale a lo loco».

La libertad de expresión está garantizada por la Constitución mexicana y amparada por la Ley de Prensa de 1917, «pero en la práctica se ejerce censura mediante agresiones directas y amenazas», advierten desde RSF. Las mismas fuentes cifran en 153 los informadores asesinados en este país desde 2000. A tenor de las diferencias en un solo año, la cifra real podría ser mucho mayor.

A Teresa, que actualmente dirige el portal digital The Observer e investiga «rendiciones de cuentas, falta de transparencia y desvío de recursos», la secuestraron tres hombres en el centro de la ciudad de Toluca, a sólo unas cuadras del gobierno del Estado de México. «Me despojaron de lo que llevaba puesto, me vaciaron las cuentas, entraron en mi casa y robaron varios ordenadores y archivos», mientras negaba una y otra vez que fuera periodista. Después de casi 5 horas, se llevaron también su coche. Lo peor, sin embargo, fue la amenaza con que se despidieron. «Me dijeron que no intentara denunciarles, que trabajaban en colaboración con las autoridades. 'No lo dudes, tardaremos un día o dos años, pero regresaremos a por ti y te mataremos».

Teresa no se arrugó y denunció, aunque dos años después su caso sigue sin resolverse. Habla sin ambages de medios controlados por el gobierno «con puño y dinero». Ella fue secuestrada en agosto de 2021, un mes antes de que aceptara la invitación de RSF España y casi un año después de que un agente del gobierno del Estado de México empezaran a espiarla. «Me lo encontraba por todas partes, era angustioso».

«Los redactores locales corremos más peligro porque estamos solos». Y es que, «la presión mayor es la que ejercen los gobernadores y presidentes municipales en territorios enteros como Veracruz, Chihuahua o Sinaloa, en connivencia con el crimen organizado». Como sucede al resto de sus compañeros, Teresa tiene miedo a callar, casi tanto como a que la silencien.