La UE expedienta a Polonia por su nueva ley para inhabilitar cargos públicos

«Hemos discutido la situación en Polonia y el Colegio de Comisarios ha acordado iniciar un procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento», explicó este miércoles el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

La nueva ley promovida por el Ejecutivo de Mateusz Morawiecki establece la creación de una comisión de verificación de la influencia rusa en Polonia. Voces críticas, sin embargo, alertan de que se trata de un instrumento para silenciar al ex primer ministro, el liberal Donald Tusk, líder del principal partido de la oposición -Plataforma Cívica- y expresidente del Consejo Europeo.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, explicó la semana pasada en un primer mensaje de advertencia a Varsovia que la norma impide recurrir por la vía judicial a quienes fueran inhabilitados para ejercer un cargo público, lo que obstaculiza el acceso a la Justicia, un derecho protegido por la UE.

La reacción de Varsovia al procedimiento sancionador no se hizo esperar. El titular polaco para temas de la UE, Szymon Szynkowski vel Sek, se ofreció a aclarar con «argumentos de hecho y de derecho» las «dudas» que pueda tener la Comisión Europea sobre la ley. No obstante, dejó claro que la norma tiene un único objetivo: «investigar y limitar la influencia rusa en Polonia y en Europa».

Mucho menos comedido se mostró el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, quien acusó a Bruselas de atacar a Varsovia «sin argumentos jurídicos». Kaleta instó igualmente a la oposición interna, en clara alusión a Tusk, a hablar con sus «compañeros» de la UE para pedirles que no se inmiscuyan en los asuntos del país.

Las tensiones con Polonia se han disparado después de que el lunes el Tribunal de la UE dictaminara que el régimen disciplinario que adoptó Varsovia en 2019 para castigar a los jueces que recurren ante la Justicia europea es ilegal porque «viola el Derecho de la Unión». Dicha norma, que a raíz del fallo deberá ser retirada, ya acarreó una multa diaria que ha costado al país más de 500 millones de euros.