Tusk afronta su «limpieza democrática» entre protestas de los ultraonservadores

El primer paso, en lo que se refiere a la renovación de las estructuras de los medios de comunicación públicos, ha sido el cese de las cúpulas de la radiotelevisión estatal (TVP y RP) y de la agencia de noticias PAP. Correspondió al Ministerio de Cultura emitir las órdenes pertinentes para una medida incluida entre las prioridades de la coalición de gobierno, integrada por la liberal Plataforma Cívica (PO) de Tusk, la centrista Tercera Vía y la izquierda moderada de Lewica. Casi de inmediato, se concentraron ante la sede de TVP un grupo de diputados del ahora opositor PiS, algunos de los cuales permanecieron durante toda la noche en el edificio. Hasta ahí se personó también el líder del partido, Jaroslaw Kaczynski, a modo de apoyo solidario al ente público.

La enemistad entre el PO de Tusk y los medios públicos controlados por el PiS es más que evidente. Durante la campaña electoral pasada, la televisión estatal repitió sin reparos las consignas del PiS y acusó al líder europeísta de servir más a Bruselas que a su país o de haber practicado en su anterior etapa como jefe de gobierno –entre 2007 y 2014– una política de «consentimiento» a Vladímir Putin semejante a la que se imputa a Alemania, lo que a su juicio envalentonó al presidente ruso y precipitó la invasión de Ucrania.

Pese a estas campañas mediáticas, el bloque de Tusk obtuvo tras las elecciones generales de octubre la superioridad parlamentaria que precisa para gobernar. El PiS, por su parte, defendió su posición de primera fuerza, pero sin mayoría ni socios en los que apoyarse. El partido de Kaczysnki y del ex primer ministro Mateusz Morawiecki pasaron a la oposición tras un intento fallido de investidura. Pero siguen contando con el apoyo del presidente, Andrzej Duda, fiel al PiS aunque formalmente dejó en suspenso su militancia al acceder al cargo en 2015.

Duda alza la voz ahora contra el cese de las cúpulas de los medios de comunicación y advierte de que los propósitos de Tusk de desmantelar estos entes o cortarles las partidas presupuestarias de que disponen son anticonstitucionales. El aviso del jefe de Estado va más allá de lo simbólico o del apoyo solidario. El cargo presidencial es eminentemente representativo, pero entre sus atribuciones están la de firmar o refrendar leyes, así como remitirlas a la Justicia para su revisión.

Precisamente es el poder judicial el siguiente gran objetivo de la regeneración democrática prometida por Tusk al acceder al poder hace una semana, dos meses después de su victoria electoral. El PiS ha consagrado buena parte de sus ocho años al frente del Gobierno a reestructurar los órganos judiciales hasta dejarlos bajo un fuerte control del estamento político, especialmente en lo que compete a la designación de los magistrados. Esta línea le valió sucesivas amonestaciones y expedientes de la Comisión Europea por socavar el principio de la independencia judicial.

La confrontación con Bruselas derivó incluso en la congelación de fondos de recuperación postpandemia destinados a Varsovia. Inmediatamente después de su victoria electoral, y sin esperar a consumar su investidura, Tusk se puso a negociar con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, las condiciones para el futuro desbloqueo de este dinero. Ahora el Parlamento empieza a dar los pasos necesarios para revocar las sucesivas leyes que conforman la controvertida reforma judicial de la etapa PiS. En primer lugar, ha aprobado una resolución por la que se declara ilegal la designación de los jueces de las audiencias territoriales, emanados directamente del poder político.

Tusk, sin embargo, logró tomar posesión un día antes de la celebración del Consejo Europeo, lo que le permitió acudir a la cita con el resto de los jefes de la UE ya representando a la nueva Polonia, europeísta y bajo liderazgo liberal. Las tensiones entre el Gobierno y el presidente se estima que perdurarán o incluso se acentuarán hasta las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2025. Hasta entonces, a Tusk no le queda otro remedio que la coexistencia no solo con la fuerte oposición parlamentaria del PiS, sino también con una jefatura del Estado afín a esta.