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«Primer ministro, ¿cree que podrá enviar a Ruanda al primer deportado antes del fin de año?». «¿Lo enviará antes de las elecciones?». Periodistas de los grandes medios británicos preguntaban esta semana a Rishi Sunak sobre el número de inmigrantes expulsados y la fecha, tras ... la aprobación por la Cámara de los Comunes del proyecto de ley que regulará su envío al país africano.
«El plan funciona», insistió Sunak. Recordó que ya había firmado un tratado con Kigali días después de que el máximo tribunal del Reino Unido dictase en noviembre que la deportación a Ruanda basada en el acuerdo existente sería ilegal, por no asegurar el cumplimiento de leyes internacionales sobre refugiados. Apremia ahora a la Cámara de los Lores para que tramite pronto su visto bueno final de la ley.
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Y a quienes le preguntaron si realmente desafiará la regla 39 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite a sus miembros dictar órdenes provisionales para impedir actos que quizás contravienen la Convención, Sunak respondió que para ese fin su ley estipula que ministros del Gobierno británico podrán rechazar esas órdenes.
La llegada de inmigrantes en botes que atraviesan el canal de la Mancha está reduciéndose sin que se haya deportado a nadie a Ruanda. Según los datos elaborados por el Instituto de la Gobernación(IfG) con análisis de diversas estadísticas, cerca de 30.000 personas llegaron en botes en 2023, un 36% menos que en 2022. De junio de 2022 a junio de 2023 llegaron al Reino Unido 3,2 millones de inmigrantes.
La mayor colaboración con las autoridades francesas tiene un efecto notable, pero Sunak afirma que su plan necesita además un elemento disuasorio a los desesperados. Sería la amenaza de una deportación inmediata a Ruanda tras pagar miles de euros a los gánsteres, con los que arriesgan su vida navegando en botes a menudo inadecuados. La urgencia del primer ministro es también política.
El 4 de enero de 2023 anunció cinco promesas por las que debería ser juzgado por los electores. La quinta era 'Stop the boats', acabar con los botes. En este año electoral, Sunak es retratado por la oposición como un líder débil, empeñado en un plan que nunca funcionará, según la laborista Yvette Cooper, responsable de Interior, y forzado a montar la «farsa» de la tramitación de la ley por la división de su partido.
El grupo conservador de la Cámara de los Comunes cuenta con diversas facciones. Según Sky News, la más numerosa es la de 'Una Nación'; moderados, favorables en su día a permanecer en la Unión Europea. «Sentido Común» defiende la tradición. Son críticos de movimientos como 'Las vidas de los negros importan' o 'Rebelión contra la Extinción'.
El Grupo Norteño de Investigación y los Nuevos Conservadores son diputados elegidos por el Brexit, que quieren inversión en su comarca y aborrecen la inmigración. El Grupo de Investigación Europea reúne a 'brexiters' thatcheristas. Hay grupos contrarios y partidarios de la política de emisiones de CO2, o que quieren el regreso de Boris Johnson, o de Liz Truss.
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Sunak pide unidad a menudo. La ilustración más clara que tiene sobre las consecuencias electorales de divisiones internas es la de John Major. En su segundo mandato, el primer ministro que convenció a Margaret Thatcher de introducir la libra en el sistema de cambio de monedas europeas padeció el Miércoles Negro de 1992, la salida abrupta del sistema forzada por los mercados de monedas.
Aquel descrédito fue recordado cuando Liz Truss, predecesora de Sunak, causó una debacle con su presupuesto en 2022. Tras el fiasco, Major, con una escasa mayoría, fue zarandeado por colegas euroescépticos, a los que llamó 'bastards'(cabrones) ante una cámara que creía apagada. Los votantes conservadores se abstuvieron en masa, en 1997, dando una enorme victoria a un laborista que no asustaba, Tony Blair.
Es el desenlace soñado por Keir Starmer, pero su pesadilla es lo que ocurrió antes. En 1990, Margaret Thatcher se empeñó en la creación de un impuesto municipal desdichado. Convenció con ello al grueso del partido de que, tras once años en el Gobierno, había perdido la agilidad política. Se inmoló con una diplomacia europea también rígida.
Europeístas liderados por Michael Heseltine iniciaron la rebelión. Thatcher tuvo que dimitir, y fue sustituida por John Major. Le quedaban 18 meses para las elecciones. Firmó el Tratado de Maastritch, provocando la furia del bloque euroescéptico. Pero el primer ministro gris y metódico obtuvo un cuarto mandato conservador. El líder laborista, Neil Kinnock había purgado a los trotskistas en su partido, pero no inspiraba a la población.
Hay paralelismos con la pugna entre Sunak y Starmer. Major anunció las elecciones el día después de que el ministro de Hacienda, Norman Lamont, redujera el impuesto de la renta. El actual ministro, Jeremy Hunt, ha dicho que los países con bajos impuestos funcionan mejor y que quizás presente dos presupuestos, el de marzo y otro en otoño; si Sunak convoca elecciones en esa estación del año, cabe suponer.
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Gerardo Elorriaga
Emular al Major de 1992 es el sueño de los conservadores que no han perdido la esperanza leyendo las encuestas. Pero las divisiones en el partido entre la caída de Thatcher, en noviembre de 1990, eran traumáticas y crudas. Las de ahora están enquistadas. Han sido renovadas en el Brexit, en la dimisión de un primer ministro desde entonces y el derrocamiento de tres.
Major lamenta en su autobiografía que, por una operación dental en el momento de la gran conspiración, no pudo obtener más votos para mantener a Thatcher en el Gobierno. Y especula: «Habría permanecido como primera ministra hasta las siguientes elecciones y el Gobierno hubiese sido juzgado por los votantes. Creo que habríamos perdido la elección, pero hubiera sido un final más en consonancia para una primera ministra de larga duración. Y no hubiese crecido esa amargura que ha llagado al Partido Conservador desde entonces. Y tampoco se hubiese convertido Europa en una fuente de tal división».
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