El Reino Unido, el mejor miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos, quiere ahora desobecer las órdenes

El Tribunal publica anualmente un cuadro estadístico del número de solicitudes que se han presentado contra los 46 miembros del Consejo de Europa y se han atribuido a alguna de las instancias de la corte para su análisis; y lo divide por cada diez mil habitantes del país. La cifra para el Reino Unido es de 0.03; por delante de Irlanda, 0.04, Alemania, 0.05, y España, 0.09.

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Las estadísticas muestran que, de las 176 denuncias presentadas contra el Reino Unido el pasado año, solo una fue aceptada. También en un solo caso de 66 solicitudes se aceptó la petición de una orden provisional. Ese tipo de órdenes que obligan a posponer una acción del Gobierno, siguiendo la regla 39 de la Convención son el motivo de una gran disputa en el Parlamento británico.

En junio de 2022, un juez de Estrasburgo dictó la detención del procedimiento de deportación a Ruanda de un inmigrante por considerar que no se había agotado el proceso judicial doméstico. La orden provisional derribó el resto de las deportaciones. En noviembre, el proceso judicial terminó con una sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal el traslado de inmigrantes a Ruanda en las condiciones del acuerdo existente con el país africano.

El Gobierno de Rishi Sunak ha introducido en el Parlamento un proyecto de ley que da a sus ministros el poder de incumplir esas órdenes. En una rueda de prensa, la presidenta del Tribunal de Estrasburgo, Siofra O'Leary, puntualizó el jueves que existe «una clara obligación legal de los estados de la Convención a cumplir las órdenes». La Cámara de los Lores debatirá el lunes el proyecto de ley que otorga a Londres el derecho a desobedecerlas.