Putin desafía la orden internacional de arresto

Sin embargo, en el Kremlin aseguran no estar en absoluto inquietos ante la posibilidad de que Putin sea detenido en Mongolia y enviado a La Haya. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo el viernes que «no hay preocupación ninguna, mantenemos un excelente diálogo con nuestros amigos mongoles». El Estatuto de Roma, que data de 1998, establece que cada Estado firmante que haya recibido la correspondiente orden del TPI «tome de inmediato las medidas necesarias para la detención» del sujeto en cuestión. Mongolia suscribió el documento en el año 2000 y lo ratificó dos años después, mientras que Rusia decidió retirar su firma en 2016.

El país asiático, situado entre territorio ruso y chino, está siendo en los últimos días objeto de fuertes presiones para que cumpla las obligaciones contraídas con la Corte. Lo recordó la semana pasada el portavoz de la TPI, Fadi el-Abdallah, al señalar que los países signatarios del Estatuto de Roma «tienen el deber de cooperar». Kiev, por supuesto, ha exigido también que Putin sea arrestado si pone un pie en Mongolia. El Ministerio de Exteriores ucraniano afirmó que el presidente de Rusia «es un criminal de guerra y confiamos en que el Gobierno mongol sea consciente de ello».

Ayer mismo se pronunció la Unión Europea al respecto. Bruselas instó a las autoridades de Ulán Bator a actuar en consecuencia y cumplir sus compromisos ante el Tribunal Penal Internacional. La portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, dejó claro en una rueda de prensa en la capital comunitaria que Mongolia forma parte del Estatuto de Roma y, como tal, «debe cumplir las obligaciones legales que ello conlleva».

«Como cualquier otro país, Mongolia tiene derecho a desarrollar sus vínculos internacionales de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, existe una orden de detención contra Putin emitida por el TPI por deportaciones ilegales y traslado a Rusia de miles de niños ucranianos desde zonas en territorios temporalmente ocupados», argumentó Massrali. La organización Human Rights Watch también ha pedido a Ulán Bator que arreste al jefe del Kremlin.

La razón oficial del viaje de máximo dirigente ruso al país vecino es tomar parte en las celebraciones conmemorativas por el 85 aniversario de la victoria sobre Japón de las tropas soviéticas y mongolas y el relanzamiento de las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito energético. Pero no es la primera vez desde la orden de detención lanzada por el TPI que Putin sale de casa aunque, en anteriores ocasiones, lo ha hecho a territorios donde ese mandato carece de validez, como antiguas repúblicas soviéticas y naciones como China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Norte o Vietnam. Su última visita fue el mes pasado a Azerbaiyán.

Ninguno de los Estados que el jefe del Kremlin había pisado hasta ayer es signatario del Estatuto de Roma. En 2023, eso sí, Putin evitó trasladarse a Sudáfrica, que acogió la cumbre de los BRICS, y a India, donde se reunió el G20.