El plan de Giorgia Meloni para construir en Albania dos centros de acogida para inmigrantes que tratan de llegar a Italia cruzando el Mediterráneo, por los que podrían pasar hasta 36.000 personas en un año, ha provocado una cascada de críticas por parte de ... la oposición política, al tiempo que su difícil encaje legal, del que aún no se conocen los detalles, genera dudas en la Unión Europea. La intención de la primera ministra italiana, anunciada el lunes tras reunirse con su homólogo albanés, Edi Rama, es que a partir de la próxima primavera estén operativas las dos instalaciones en el país balcánico (en el puerto de Shengjin y en la vecina localidad de Gjader), donde serían llevados directamente los indocumentados socorridos por las naves italianas en el Mediterráneo. Sólo desembarcarían allí los hombres adultos, mientras que las mujeres, niños y personas vulnerables continuarían siendo llevadas a Italia, al igual que los desplazados salvados por los barcos de la ONG.
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«Este acuerdo crea el marco político y jurídico de nuestra nueva colaboración, después obviamente seguirán todos los procedimientos normativos necesarios», explicó Meloni tras reunirse en Roma con el primer ministro albanés, que justificó la colaboración de su país por la necesidad de devolver a la población italiana la acogida mostrada con sus connacionales en las últimas décadas, en particular en los difíciles años 90 del siglo pasado tras el colapso del bloque comunista.
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En Italia viven hoy alrededor de 400.000 albaneses, que constituyen la segunda comunidad más numerosa de extranjeros no pertenecientes a una nación de la Unión Europea. «No nos corresponde a nosotros juzgar el mérito político de estas decisiones», dijo Rama sobre la apertura de los centros de acogida gestionados por las autoridades de Roma en territorio albanés. «A nosotros lo que nos toca es responder 'presente' cuando se trata de echar una mano», se justificó, recordando la «deuda impagable» de Tirana con el país transalpino.
El entusiasmo con este polémico plan, que llega después de que la Justicia británica considerara ilegal la deportación de inmigrantes a Ruanda por parte del Reino Unido tras un acuerdo similar, provoca preocupación en Bruselas. Un portavoz de la UE recordó que cuando esta iniciativa entre Italia y Albania sea finalmente respaldada con una ley aprobada por el Parlamento de Roma, ésta deberá «respetar plenamente el derecho comunitario e internacional».
Son muchos los aspectos controvertidos de la apertura de los centros italianos para inmigrantes en territorio albanés, como qué ocurrirá con las personas a las que se deniegue la acogida, quién se encargará de las deportaciones, o cómo se respetará el plazo previsto de 28 días para resolver cada caso, que ahora se prolonga durante mucho más tiempo. Por no hablar de la jurisdicción de estos territorios situados en Albania, cuya Policía en principio se encargaría de la seguridad exterior, mientras que en el interior operarían las autoridades italianas, como ocurre con las legaciones diplomáticas.
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«Meloni quiere crear una especie de Guantánamo a la italiana», criticó Riccardo Magi, del partido opositor + Europa, haciendo referencia a la base estadounidense en Cuba, que cuenta con un centro de detención en los que se han producido graves violaciones de los derechos humanos. Pierfrancesco Majorino, responsable de Políticas Migratorias en el opositor Partido Democrático, la principal fuerza del centroizquierda italiano, consideró una «cortina de humo» y una «peligrosa chapuza» esta iniciativa del Gobierno de Meloni. «No se sabe cómo podrán gestionarse eventuales recursos ni cómo se van a realizar las deportaciones si no hay acuerdos bilaterales», advirtió Majorino.
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