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El Parlamento de Georgia ha superado este martes el veto interpuesto el pasado día 18 por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, logrando así la aprobación definitiva de la polémica ley de agentes extranjeros, bautizada con el eufemístico nombre de ley 'Sobre la transparencia de ... la influencia extranjera' y copiada de la norma que se adoptó en Rusia en 2012.
La sesión ha podido seguirse a través de una pantalla gigante instalada en el exterior de la Cámara y los miles de personas presentes, provistos de banderas georgianas y de la UE, empezaron a pitar y lanzar abucheos en el momento en el que los diputados de la formación Ensueño Georgiano, el partido mayoritario en el hemiciclo, lograron sacar adelante la iniciativa. Para anular el veto presidencial se necesitaban al menos 76 votos de 150 y los 84 legisladores de esta fuerza política votaron en bloque.
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La diputada del partido opositor, Movimiento Nacional Unido, Anna Tsitlidze, afirmó que la ley recién aprobada «traerá muchos problemas». Según su opinión, «se nos impedirá formar parte de la Unión Europea, nos pueden negar viajar sin visa a Europa y es bastante obvio que los países occidentales nos impondrán sanciones que afectarán directamente a nuestra economía».
Por su parte, Shalva Papuashvili, presidente de la Cámara y miembro de la dirección de Ensueño Georgiano recriminó a la oposición diciendo que «no están ustedes actuando en interés de su país, sino en interés de países extranjeros. Esto es una traición absoluta». Mientras tanto, la calle empezaba de nuevo a llenarse de manifestantes.
Este domingo, Día de la Independencia de Georgia, la presidenta georgiana intervino en la Plaza de la Libertad deplorando que «la sombra de Rusia se cierne sobre Georgia (…) nuestro país necesita un acercamiento a Estados Unidos y a Europa para preservar nuestra independencia y la paz y quienes sabotean ese camino pisotean el futuro de nuestro país».
Zurabishvili expresó su desconcierto por tener que «recordar quién es un enemigo y quién es un amigo». Hablando de Rusia, por un lado, y de las democracias occidentales, por el otro, la jefa del Estado dijo que «sabemos quién nos arrebató nuestros territorios, quién violó nuestra integridad territorial y, al mismo tiempo, quién defendió nuestra soberanía no reconociendo los territorios ocupados», en referencia a Osetia del Sur y Abjasia, convertidas en protectorados de Moscú y con fuerte presencia de tropas rusas. La mandataria aseguró que la norma «no puede entrar en vigor porque viola la Constitución y atenta contra nuestros derechos y libertades».
Las protestas en el país en contra de la aprobación de la polémica norma comenzaron a comienzos de abril. Y es que, a partir de ahora, cualquier medio de comunicación, entidad u organización que reciba al menos un 20% de financiación procedente del exterior deberá registrarse como agente extranjero, lo que conlleva toda una serie de restricciones, inconvenientes administrativos, trámites burocráticos, declaraciones periódicas y auditorías. Su incumplimiento llevará parejo fuertes multas e incluso penas de cárcel a los reincidentes. En Rusia está sirviendo para acallar a opositores, medios de comunicación críticos y organizaciones de Derechos Humanos.
Bruselas ya ha advertido que la aprobación de la ley complicará el ingreso de Georgia en la UE, que el pasado mes de diciembre obtuvo el estatus de país candidato a la integración. Washington ha amenazado incluso con sanciones.
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