El Consejo de Europa y la ONU exigen a Sunak que no deporte inmigrantes a Ruanda

En la misma línea, el Consejo de Europa, organismo del que Londres es parte integrante, llamó también al Ejecutivo británico a reconsiderar la ley de deportación. El nuevo Comisario de Derechos Humanos, el irlandés Michael O'Flaherty, manifestó su «preocupación» por el hecho de que el proyecto de ley permita «expulsar a personas del país sin que sus solicitudes hayan sido examinadas».

La ley entrará en vigor en los próximos días, después de que la Cámara de los Lores renunciase a persistir, entrada la madrugada de este martes, en la petición de que el Gobierno aceptase su última enmienda. Las autoridades británicas habrían identificado ya a los primeros receptores de las cartas en las que se les notificarán su deportación y los detalles de los vuelos que les llevarán a Ruanda, previstos para julio.

Los lores, cuya función constitucional es revisar la legislación aprobada por los comunes, abandonaron lo que en el argot parlamentario se conoce como 'ping- pong' entre las dos cámaras tras el rechazo de la mayoría gubernamental en cinco ocasiones a introducir un mecanismo de revisión de la seguridad de Ruanda. Se trata de una iniciativa para evaluar periódicamente si el país africano es lugar adecuado para tramitar las solicitudes de asilo de los deportados y como residencia.

La ley urgente promovida por el primer ministro, Rishi Sunak, responde a una sentencia del Tribunal Supremo británico, el pasado noviembre, en la que consideró que el plan del Gobierno no cumple con convenciones internacionales suscritas por el Reino Unido. La respuesta del Ejecutivo ha sido imponer la supremacía del Parlamento e impulsar una ley que declara que Ruanda es segura.

El Gobierno alegó que el tratado con el país africano ya contempla la creación de un comité supervisor, contra la enmienda que se quejaba de que la ley ofrece una evaluación perpetua de seguridad. El portavoz de los conservadores, Andrew Sharpe, acalló otra enmienda prometiendo en nombre del Ejecutivo que los afganos que puedan probar que batallaron con el Ejército británico no serán deportados.

El Gobierno de Sunak quiere así cumplir con la Ley de Inmigración Ilegal que el Parlamento aprobó hace poco más de un año. Compromete a las autoridades a expulsar del país a todos aquellos que lleguen en botes a la costa inglesa. En teoría se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. Desde la promulgación de la ley, más de 50.000 ciudadanos han sido identificados y esperan la deportación.

La ley aprobada por el Parlamento permite un procedimiento rápido de recurso en los tribunales domésticos contra las deportacione, posible cuando los recurrentes demuestren el riesgo de un daño grave si son enviados a Ruanda. Incluso da poderes a los ministros del Gobierno para desobedecer las decisiones de urgencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contrarias a la ley británica.

La oposición rechaza la política de inmigración de Sunak. La portavoz para asuntos de Interior laborista, Yvette Cooper, señaló ayer la mala gestión del calendario parlamentario por parte del Gobierno, que en este caso recurrió a una sesión ncoturna para aprobar la normativa. Calificó el plan de deportaciones a Ruanda como un despilfarro y vaticinó que fracasará.