El Reino Unido busca nuevos países que se unan a Ruanda para acoger a sus inmigrantes

'The Times' y la BBC han tenido acceso a documentos de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores en los que se clasifican los países como posibles nuevos colaboradores (Senegal, Cabo Verde, Togo, Angola, Somalia y Sierra Leona), y otros como improbables socios (Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia). Marruecos, Túnez, Namibia y Gambia habrían rechazado el diálogo.

Los diplomáticos británicos han enviado evaluaciones de los países, señalando, por ejemplo, que un acuerdo con Costa de Marfil, país francófono, causaría turbulencias en las relaciones franco-británicas. En casos como Kenia, el asesoramiento a Interior es que el Gobierno de su excolonia rechazaría el plan por ser percibido como nuevo colonialismo. Belice se descarta porque es pequeño.

La búsqueda de nuevos países habría sido una iniciativa de Rishi Sunak, que se comprometió a parar la llegada de botes con personas traficadas que llegan a la costa inglesa y necesita que sus iniciativas sean más visibles en este año electoral. El plan de deportación a Ruanda iniciado en 2022 no ha dado ningún resultado, aunque se espera que esta semana se apruebe la ley que las haría más viables.

El Parlamento está desplegando estos días una habitual batalla constitucional. La Cámara de los Lores aprueba enmiendas a la ley del Gobierno, que luego son rechazadas por la mayoría en la de los Comunes hasta que los lores retiren su insistencia. Ocurrirá el jueves, según los medios. El rey sella después la nueva ley. Es posible que la Real Fuerza Aérea tenga que transportar a los primeros deportados, por falta de aerolíneas dispuestas a sufrir campañas negativas para su reputación.

Según cifras del Ministerio de Interior, el pasado año entraron en el país 33.000 inmigrantes irregulares en los botes. Es una drástica reducción con respecto al año anterior. Ha sido lograda por el acuerdo con Albania para evitar la emigración de sus habitantes y el entendimiento con Francia sobre la operación de vigilancia y rescate en el canal de La Mancha.

Desde principio de año han llegado 6.200, un aumento del 28% con respecto a las cifras de 2023. El mecanismo retrospectivo de la nueva ley obliga al Gobierno a deportar a esos 40.000, a los que da techo y alimento pero deja en un estado legal indefinible. No pueden solicitar asilo salvo en circunstancias excepcionales y tendrán que esperar a una decisión sobre la deportación durante meses.