Países Bajos impone una crisis de asilo y pide su exclusión de la política migratoria de la UE

Lo que el gabinete lleva a cabo es técnicamente una crisis de asilo. Le otorga poderes para dictar órdenes extraordinarias y proceder a un endurecimiento de sus normas. Por ejemplo, puede suspender la actual Ley de Extranjería y declarar el estado de emergecia en materia de asilo, con lo que automáticamente se paralizarían todas las solicitudes en curso en la actualidad. Entre las iniciativas que aplicará Países Bajos figuran mayores facilidades para deportar a quienes carezcan de permiso de residencia, una vigilancia más rigurosa de las entradas y el aumento de los requisitos para la reunificación familiar de los refugiados. Solo estará autorizado si el asilado lleva más de dos años con ese estatus y acredita ingresos «estables y suficientes», según ha informado la cadena NOS.

La ministra de Asilo y Migración, Marjolein Faber, no tuvo reparos este viernes en admitir que la estrategia persigue que Países Bajos deje de ser una nación «atractiva» para los emigrantes. En 2023 entraron en el territorio holandés 48.000 peticionarios de asilo y sus familiares -una cifra ligeramente superior a la media de años anteriores-, procedentes sobre todo de Turquía, Siria, Somalia y Yemen. Feber aseguró que el país «no puede hacer frente a un número tan alto» de ingresos, muchos de los cuales se producen después de que los migrantes crucen varias fronteras tras acceder a territorio de la UE a través de otro Estado miembro. En ese sentido, el gabinete adelantó su interés en reunirse con los gobiernos «vecinos» y «afines» con la intención de formar un «mini-espacio Schengen» destinado a reforzar la vigilancia y seguridad.

La ministra advirtió que el Ejecuivo perseguirá a quienes «abusen de la hospitalidad» neerlandesa y que la situación de crisis le otorga «poderes muy amplios»; incluso el de expulsar a los inmigrantes irregulares «por la fuerza», aunque su intención, según dijo, es que retornen a sus lugares de origen una vez se compruebe que sus vidas no corren peligro. Será «el régimen de asilo más estricto jamás conocido» para frenar las entradas ilegales.

La titular de Asilo es compañera de filas de Geert Wilders, líder del ultraderechista Partido de la Libertad que resultó el más votado en las elecciones de noviembre de 2023. Ya entonces, la inmigración fue un asunto fuertemente debatido en la campaña. El Gobierno de Países Bajos es un complejo entramado de piezas donde el Partido de la Libertad tiene el mayor peso. La coalición se completa con el conservador-liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia, el BBD -de carácter populista- y el denominado Nuevo Contrato Social, de centro-derecha pero que además fusiona una amalgama de tendencias. Singularmente, Dick Schoof no pertenece a ninguno de ellos. Es un primer ministro de consenso elegido por el cuatripartito para evitar un bloqueo y la posible repetición de elecciones. Schoof fue socialdemócrata durante 30 años, hasta que abandonó esta ideología al no sentirse ya representado por ella, y ha dirigido el servicio de Inteligencia de Países Bajos.

La postura del gabinete sigue la estela de otros socios comunitarios como Italia, cuya primera ministra Giorgia Meloni activó en abril de 2023 el estado de emergencia migratoria y puso en marcha un plan de choque -el 'Plan Mattei'- que, entre otros aspectos, se fundamentó en firmar contratos de inversiones con los países de África emisores de desplazados y un convenio con Albania para trasladar allí a miles de inmigrantes. Alemania, por su parte, aplicará desde el próximo lunes el cierre de sus fronteras a la inmigración ilegal, a lo que Víktor Orban, veterano en estas lídes y defensor del aserto «Hungría para los húngaros», ha respondido con un sonoro «bienvenido al club».

Países Bajos quiere transmitir «cuanto antes», posiblemente la próxima semana, a Bruselas su solicitud de salirse de la política común migratoria durante los dos próximos años. Esto ya lo adelantó Schoof en julio y se tomó poco menos como una 'boutade', un gesto simbólico dada sus implicaciones generales: obliga a una ímproba reforma de normas, abre la puerta a que otros Estados miembro pidan la misma medida y crea la amenaza de una rebelión, una más, en el seno de la UE, puesto que los países vecinos podrían protestar al recibir el flujo de desplazados que tendrían cerradas las puertas neerlandesas.