Las ONG advierten que el estado de emergencia migratorio en Italia dificultará los rescates

En los últimos 20 años los sucesivos Gobiernos de Roma han echado mano de esta normativa en 128 ocasiones, aunque siempre debido a terremotos, desastres meteorológicos o sanitarios, como en la reciente pandemia. El único precedente por motivos migratorios tuvo lugar en 2011, cuando estaba en el poder Silvio Berlusconi, hoy aliado de Meloni.

Aunque fuentes gubernamentales aclararon que con esta medida se podrán acelerar los trámites para acoger a los inmigrantes que tengan derecho a asilo en todo el territorio nacional, al tiempo que se agiliza la expulsión de los extranjeros en situación irregular, existen grandes incógnitas sobre las repercusiones ulteriores que puede tener esta declaración.

Meloni se limitó a aclarar al término del Consejo de Ministros que de esta manera se podrán dar «respuestas más eficaces y rápidas a la gestión de los flujos migratorios», lo que hace temer a las organizaciones humanitarias que socorren a inmigrantes en el Canal de Sicilia que se dificulte aún más su labor. Está ya se vio lastrada por la aprobación el pasado mes de febrero de una normativa que prevé hasta 50.000 euros de multa y dos meses de inmovilización de los barcos de las ONG, que están obligados a dirigirse a puerto en cuanto realizan un salvamento, lo que impide llevar a cabo más de una operación seguida.

Valeria Taurino, directora general de SOS Mediterranée Italia, una de las organizaciones humanitarias con presencia en el Canal de Sicilia, consideró que la decisión del Gobierno resulta «al menos engañosa» por tratar como una emergencia una situación que persiste desde hace 15 años. «No sabemos qué decisiones implicará esta declaración de estado de emergencia ni si tendrá una repercusión en las actividades de búsqueda y rescate. Esperemos que no sea una preparación para vaciar aún más el Mediterráneo Central de las naves de socorro, tanto estatales como civiles», señaló Taurino.

En la misma línea se mostró Riccardo Noury, portavoz de Amnistía Internacional en Italia, que consideró «peligroso» que se transmita el mensaje de que los inmigrantes constituyen «una emergencia». «Lo que debería ser urgente para el Gobierno es potenciar los centros de acogida, que deben estar preparados para asistir a los migrantes y solicitantes de asilo, en particular a los grupos vulnerables», reclamó Noury, instando a Meloni a jugar «un papel decisivo» en Europa para promover «políticas pragmáticas, humanas y respetuosas del derecho internacional».

La CGIL, el principal sindicato del país, calificó por boca de su secretaria confederal, Tania Scacchetti, de «propaganda» la declaración de estado de emergencia, considerándola «desproporcionada e inútil». También la criticó el Partido Democrático, principal fuerza de la oposición de izquierdas, mientras que se mostró esperanzado con ella Filippo Mannino, alcalde de Lampedusa. En el centro de acogida de esta pequeña isla italiana situada en el centro del Mediterráneo se hacinan más de 1.200 personas aunque sólo tiene capacidad para 400, por lo que Mannino deseó que la normativa facilite «el traslado inmediato de los inmigrantes a la tierra firme, donde sea posible ofrecerles una asistencia adecuada».