Casi un millón de alemanes exigen que el líder ultraderechista Höcke pierda sus derechos civiles

«Paren al fascista Björn Höcke: encárguense de que el Gobierno federal presente una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que le retiren los derechos ciudadanos en base al artículo 18 de la Ley Fundamental», reza el texto de la demanda, que supera por el número de firmas ampliamente el mínimo necesario para que el caso sea abordado por la comisión de peticiones del Bundestag, el Parlamento federal. Bastan 50.000 firmas para que esa comisión se vea obligada a intervenir ante una petición pública. La iniciativa apela a los líderes parlamentarios del gobernante Partido Socialdemócrata (SPD), sus socios liberales (FDP) y verdes en el ejecutivo federal, así como de la oposición conservadora formada por los cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU) y La Izquierda para que presionen al gabinete del canciller federal, Olaf Scholz, y este intervenga ante el Tribunal Constitucional.

El estado federado germano oriental de Turingia celebra elecciones legislativas el próximo mes de septiembre y todas las encuestas coinciden en destacar que Alternativa para Alemania, a la que adjudican del 34% al 36% de votos, será el partido más votado con una amplia ventaja sobre el resto de sus competidores. Evitar que llegue a gobernar será muy complicado, ya que solo una inédita coalición en la que participen conservadores y La Izquierda podría sumar la mayoría parlamentaria necesaria, cuando la CDU lleva años asegurando que jamás negociará una alianza política con los sucesores del comunismo germano oriental. Björn Höcke es un político que ha destacado por su discurso abiertamente xenófobo y en el que utiliza con frecuencia terminología del Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler.

La posibilidad de retirarle sus derechos ciudadanos se encuentra regulada por la Ley Fundamental alemana. Quien abuse de la libertad de expresión, sobre todo de la libertad de prensa, enseñanza, asamblea, la libertad de asociación, el secreto postal y de comunicaciones, la propiedad o el derecho de asilo «para luchar contra el orden democrático liberal, pierde esos derechos», establece el artículo 18 de la Constitución de Alemania.

La demanda contra Höcke solo puede ser presentada, sin embargo, por el Gobierno federal, el Bundestag o un gobierno regional. La ley contempla también la posibilidad de retirar a una persona el derecho de voto, el derecho a ser votado y la posibilidad de asumir cargos públicos. El máximo tribunal germano, con sede en Karlsruhe, puede retirar alguno o todos esos derechos a una persona, también por un tiempo determinado y un mínimo de un año. Höcke y Alternativa para Alemania en Turingia están sometidos a observación permanente por parte de los servicios de inteligencia interiores germanos, después de que estos dictaminaran que son abiertamente ultraderechistas y persiguen objeticos anticonstitucionales.

La iniciativa para la petición fue presentada hace dos meses y desde entonces acumula incesantemente un creciente número de firmas, que se han disparado incluso desde que salió a la luz la semana pasada un encuentro secreto de altos miembros de AfD con empresarios ultraconsevadores y el líder del neonazi del llamado Movimiento Identitario, el austríaco Martin Sellner, para abordar su propuesta de «remigración». Esta contempla la expulsión y deportación forzosa a sus países de origen de millones de personas de origen migrante en Alemania, también de aquellos que cuentan ya con la ciudadanía de este país. El encuentro en un hotel de Potsdam y detalles sobre los temas que se abordaron fue revelado por la red de periodistas alemanes de investigación Correctiv. Sellner citó tres grupos prioritarios de personas que deben abandonar Alemania a la fuerza: peticionarios de asilo, extranjeros con permiso de residencia y «ciudadanos de origen migrante no asimilados».

Entre tanto, la copresidenta y líder parlamentaria de AfD, Alice Weidel, ha anunciado el fin de la relación con su principal asesor personal Roland Hartwig, uno de los miembros del partido que participó en la reunión secreta de Potsdam con Sellner. El contrato de trabajo de Hartwig «ha sido disuelto de mutuo acuerdo», señaló un portavoz de Alternativa para Alemania tras una reunión de la ejecutiva del partido. Una maniobra que se considera un intento de lavar la cara de la formación, que no hace más que sumar escándalos que alimentan los argumentos para su posible prohibición. Weidel aseguró no saber nada de la participación de Hartwig en la cita con Sellner. El ya exasesor de la líder de AfD seguirá estando, sin embargo, vinculado al partido, que no quiere prescindir de sus servicios y su experiencia jurídica.