Meloni impulsa una nueva ley migratoria para tratar de salvar los centros de Albania

La normativa, que fue aprobada este miércoles en el Senado tras obtener vía libre de la Cámara de los Diputados la semana pasada, reafirma cuáles son los países 'seguros' a los que pueden realizarse deportaciones desde los campamentos del país balcánico. También trata de burlar el bloqueo que, en dos ocasiones, han realizado a estos centros los tribunales de Roma encargados de la migración: transfiere al Tribunal de Apelación las competencias sobre la validación de la detención de los solicitantes de asilo.

El Consejo Superior de la Magistratura criticó de inmediato este cambio al vaticinar que provocará un alargamiento de los plazos burocráticos, con el riesgo añadido de que se ocupen de estos casos jueces sin las competencias necesarias. La nueva ley sobre inmigración aprovecha además para cargar contra las organizaciones humanitarias que realizan operaciones de salvamento en el Mediterráneo Central. Después de aprobar en enero de 2023 un decreto que criminaliza la labor de las naves fletadas por estas ONG, el Gobierno da una vuelta de tuerca adicional al perseguir el uso de aviones para buscar a los migrantes.

En caso de que no comuniquen «de inmediato» su actividad, corren el riesgo de que el aparato sea retenido por las autoridades y de que les caiga una multa de hasta 10.000 euros. En un comunicado conjunto estas organizaciones consideraron que «el verdadero objetivo» de la normativa es «limitar y obstaculizar la presencia de naves humanitarias» para que no tengan más alternativa que abandonar las misiones de búsqueda y socorro en el Mediterráneo.

Maurizio Gasparri, portavoz en el Senado de Forza Italia, uno de los partidos que sostienen al Gobierno conservador de Meloni, confirmó que estas fuerzas políticas han puesto en la diana a las ONG al asegurar que su labor supone «un factor de atracción para la inmigración». Los datos, no obstante, sostienen lo contrario, como ha reconocido incluso Hans Leijtens, director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Gasparri también puso en valor la ampliación ya conocida del número de inmigrantes legales que podrán acceder a Italia: serán 400.000 entre 2025 y 2027.

La oposición de izquierdas, por su parte, lamentó que la nueva ley deje de lado a los migrantes que ya se encuentran en el país en situación irregular y consideró «insuficiente» la cifra de permisos de trabajo. «También se ha consumado el intento de poner la magistratura bajo el control de Gobierno», aseguró Andrea Giorgis, senador del izquierdista Partido Democrático, quien aprovechó para criticar los centros de deportación de Albania.

La Corte de la Casación de Italia confirmó este miércoles que los campamentos no pueden utilizarse hasta que se pronuncie nuevamente sobre el caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya se mostró inicialmente contrario a su funcionamiento. Se espera que el fallo no llegue hasta abril.