La Justicia francesa procesa a Marine Le Pen por el desvío de fondos de la Eurocámara

Le Pen, que lo ha tachado de «proceso político», niega haber cometido este delito. Existen, sin embargo, varias pruebas sobre la presunta existencia de esta trama desde 2004, aunque se intensificó a partir de 2014. Entonces, el Frente Nacional -cambió de nombre en 2018- ganó las elecciones europeas en Francia, lo que aumentó de manera significativa los recursos que el Parlamento Europeo daba a sus representantes. Una década después, su líder podría ser condenada una pena severa en un momento en que el lepenismo dispone de un rol central en el país galo. Pese a su derrota en las legislativas, el Gobierno del conservador Michel Barnier depende de la posición que adopten los miembros de RN en la Asamblea Nacional.

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La trama fue detectada en 2015 a instancias del entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. El político alemán alertó a la justicia francesa al ver que numerosos asistentes parlamentarios de RN ocupaban cargos en el organigrama del partido. Según dijo el exeurodiputado ultra Aymeric Chauprade al digital Mediapart, hubo una reunión en 2014 en que Le Pen, quien ocupaba entonces un escaño en Estrasburgo, «pidió a sus diputados que solo conservaran a un asistente», y el dinero para los otros tres se destinara a pagar a trabajadores de la formación. Otros representantes de RN corroboraron esa versión.

Además de Marine Le Pen, la justicia francesa imputó a su padre, Jean-Marie Le Pen, el fundador de esta formación nacionalista y xenófoba en 1972, al que expulsaron de su propio partido en 2015 por sus comentarios antisemitas. Los magistrados instructores acusaron a Jean-Marie de pagar como asistente parlamentario a su chófer personal, quien «prácticamente no sabía escribir». No obstante, el patriarca de los Le Pen, de 96 años, no comparece ante el tribunal ni podrán condenarlo debido a su frágil estado de salud. Aunque no está entre los imputados, el 'número dos' de RN, Jordan Bardella, también se ha visto recientemente salpicado por esta trama. El diario 'Libération' informó de que el joven dirigente se inventó pruebas de sus labores (aparentemente inexistentes) en la Eurocámara.

Un delito de desvío de fondos públicos puede ser castigado en Francia con penas de hasta una década de prisión, varios años de inhabilitación y una multa de un millón de euros. El Tribunal de París ya condenó en enero a varios dirigentes del MoDem -una formación centrista que forma parte de la coalición afín al presidente Emmanuel Macron- por una trama parecida de empleos ficticios en el Parlamento Europeo, aunque con una escala menor. Ahora le ha llegado el turno al partido de Le Pen.