Sunak firma un tratado con Ruanda para evitar la ilegalidad de las expulsiones

Hace dos semanas la Oficina Nacional de Estadísticas publicó el balance de la migración en 2022, con un resultado de 745.000 inmigrantes netos que batía los récords. La cifra llegaba una semana después de que el Tribunal Supremo declarase ilegal el envío a Ruanda de solicitantes de refugio. El nuevo responsable de Interior prometió más acción y menos palabras.

El ministro no ha dado detalles del tratado que posiblemente presentará este miércoles al Parlamento, pero sus colaboradores han adelantado que contendrá un compromiso de que el Gobierno de Kigali no enviará a los expulsados a su país de origen. El aspecto más destacado en la sentencia del tribunal británico de mayor rango era el posible incumplimiento de ese principio de la ley internacional sobre refugiados.

Cleverly ha cambiado la dirección del Ministerio tras el despido de su predecesora, Suella Braverman. Ha expresado su opinión contraria a retirar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero juristas reconocidos han argumentado que la sentencia del Supremo señala deficiencias en el plan de expulsiones a Ruanda que no pueden corregirse con un tratado.

El contexto es una reducción significativa de llegadas desde el acuerdo firmado con Francia en marzo. En los tres trimestres completados este año el número ha sido menor que en 2022 y en el tercero -el de más registros en los últimos tres años- se ha producido un descenso de 20.282 personas a 13.397. Los datos del cuarto trimestre, hasta el final de noviembre, confirman la tendencia.

En una imprevista declaración a la Cámara de los Comunes, Cleverly explicó un plan de cinco puntos con el que pretende reducir el número de inmigrantes legales en 300.000 y dejarlo en la misma cifra neta de llegadas anuales. Las cifras ya estaban bajando, como consecuencia del descenso de refugiados procedentes de Ucrania y Hong Kong. El Gobierno se concentra ahora en los que llegan con visados de trabajo o estudiantes.

A los aspirantes a puestos de trabajo con salarios de 30.600 euros se les exige ahora que el salario sea de 45.200. El argumento es que tal aumento hará que las empresas formen a trabajadores británicos -ha crecido desde la pandemia una bolsa de inactivos- y ofrecerles mejor salario. Pero para profesiones con carencia crítica de trabajadores -sanidad, asistencia social o enseñanza- no se aplica el nuevo umbral.

Sube un 60%, a 1.200 euros, la cantidad anual que deben pagar los inmigrantes para recibir atención de la sanidad pública. Y los extranjeros empleados en el Servicio Nacional de Salud ya no podrán traer a maridos o esposas, a hijos o parejas, que duplican las cifras de visados. Se revisará el canal de inmigración de los que se gradúan en universidades británicas.