El Supremo británico considera ilegal la deportación de inmigrantes a Ruanda

El primer ministro, Rishi Sunak, y su nuevo responsable de Interior, James Cleverly, aceptaron la sentencia y prometen cambios en el acuerdo con el Gobierno ruandés, y también en la ley británica, para relanzar el plan, que se firmó en abril de 2022. Contempla la deportación al país africano de inmigrantes que llegan de estados donde pudieron pedir asilo para que los tribunales de Kigali decidan si les acogen.

El acuerdo impulsado por el exprimer ministro Boris Johnson ha tropezado en las instancias judiciales. Dos meses después de la firma, la ministra Priti Patel intentó embarcar a la primera remesa de inmigrantes en un avión contratado a una empresa española, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo el vuelo a la espera del resultado de una revisión judicial, en Londres, de la política del Gobierno.

El juez de primera instancia dio su visto bueno al envío de inmigrantes a Ruanda, pero falló que las decisiones de deportación de los elegidos por el Ministerio eran defectuosas y no podían ejecutarse. En junio de este año, el Tribunal de Apelación no rechazó la deportación de irregulares a otros países, pero Ruanda no es un destino con garantías de que los deportados no sean maltratados o enviados a sus lugares de origen.

La decisión unánime del Supremo recuerda los tratados y las leyes domésticas que estipulan los derechos internacionales de refugiados. Llega en un contexto de alta tensión por la publicación el martes de una carta de la cesada ministra Suella Braverman en la que acusa al primer ministro, Rishi Sunak, de bloquear un Plan B sobre las deportaciones para impedir la intervención del Tribunal de Estrasburgo.

Sunak y Cleverly han confirmado que persistirán con el plan, que quiere quebrar el negocio de los traficantes de personas, desalentando a quienes emprenden el viaje a las costas del sur de Inglaterra en un peligroso cruce del Canal de la Mancha en botes casi siempre inadecuados. El nuevo ministro recordó en el Parlamento que Austria, Alemania, Dinamarca e Italia están considerando planes similares.

La respuesta del Gobierno a la sentencia del Supremo contempla una negociación con Ruanda para renovar el memorándum de entendimiento, de tal modo que el país africano tenga más recursos para la administración de la ley internacional y aplique el principio de 'no devolución'. Sunak ha sugerido la modificación, también, de la ley británica de Derechos Humanos que incorpora la Convención Europea.

Elevando el acuerdo con Kigali a nivel de un tratado con ratificación del Parlamento, Sunak podría proteger su plan de los tribunales británicos. Con otra ley podría apartar al Reino Unido, en lo que respecta a la inmigración, de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo modificó la pasada semana la activación del procedimiento de prohibiciones temporales que paralizó el vuelo en abril de 2022 con nuevos requisitos más exigentes.