El Gobierno británico estudia controlar a los migrantes irregulares con brazaletes electrónicos

Braverman compareció en la BBC en un día festivo, en el final de un mes que comenzó con una semana dedicada por el Gobierno a resaltar el compromiso del primer ministro británico, Rishi Sunak, de «introducir leyes para detener a los barcos», asegurando que «si llegas a este país de manera ilegal, se te detiene y se te deporta rápidamente». La ministra afirmó que su objetivo es «tener éxito cumpliendo la promesa y acabar con las embarcaciones».

Los brazaletes electrónicos, que generalmente se colocan en el tobillo, ya han sido utilizados por el Ministerio de Interior para controlar las localizaciones de solicitantes de asilo que se encuentran en libertad condicional. El departamento ha experimentado también con la eficacia de unas muñequeras con código de barras. Esas medidas serían expandidas si el Tribunal Supremo considera que la Ley de Migración Ilegal encaja en la legislación británica.

La norma, aprobada por el Parlamento en julio, obliga al Ministerio de Interior a detener a todo aquel que llegue al país por medios irregulares y a enviarlo en 28 días a Ruanda, con quien ha firmado un acuerdo para el envío de migrantes, o a otro país. El Ejecutivo intentó las primeras deportaciones el pasado año, pero el TEDH las detuvo cuando abogados de algunas de las personas expulsadas ganaron su recurso. Posteriormente, un juez del Tribunal Superior en Londres dio el visto bueno a la ley, pero señaló que no se habían tramitado las salidas individuales de manera correcta.

El Tribunal de Apelación decidió por mayoría que la ley no encaja en el sistema británico, entre otras cosas porque Ruanda no es un país seguro, según dos de los tres magistrados de la corte. Se espera la decisión del Supremo en octubre y, hasta entonces, el Gobierno no puede detener o poner brazaletes a los que llegan a sus costas en barco.

La única novedad significativa en las últimas semanas en la estrategia para ahuyentar a los migrantes que llegan en los barcos o gestionar su presencia en el Reino Unido es el atraque de la barcaza 'Bibby Stockholm' en el puerto de Portland, en el sur de Inglaterra. Tiene capacidad para albergar a unas 500 personas, pero en este momento está vacía. Las autoridades sanitarias locales detectaron un brote de legionella el primer día en el que entraron refugiados en la nave y tuvo que cerrarse cuando se habían instalado ya 39. El sindicato de bomberos y otros grupos han amenazado al Gobierno con bloquear un segundo intento llevando el caso a los tribunales por la peligrosidad del buque.

La barcaza es un intento de expandir la capacidad de detención de migrantes, que en estos momentos es insuficiente. Un aeropuerto sin uso cerca de la ciudad costera de Dover, que tiene un gran tráfico portuario con Calais, en Francia, es el primer lugar de arresto de extranjeros, que luego son enviados a hoteles o a bases militares abandonadas. Mientras Interior publica ofertas de contratos para la creación de tres centros temporales de deportación para mil personas, el número de quienes llegan a las costas inglesas es ligeramente inferior al de 2022.

El inspector independiente de fronteras ya advirtió el pasado año, cuando se anunció que podrían utilizarse los brazaletes electrónicos para localizar a migrantes, que no hay suficientes aparatos para vigilar a tantos objetivos. Lo que ha aumentado notablemente en el último ejercicio es el número de peticiones de asilo no resueltas. En junio de 2022 eran 122.213 y en el mismo periodo de 2023 ascendían a 175.457. La oposición laborista, que ni siquiera ha contestado a las nuevas iniciativas de Braverman, culpa al Gobierno de no resolver el atasco en la tramitación de las solicitudes, que tardarían un promedio de unos seis meses.