Francia evacúa diez aeropuertos y el Palacio de Versalles por amenazas de bomba

Entre los aeropuertos que recibieron amenazas de bomba se encontraban los de Burdeos, Biarritz, Lille, Toulouse y Estrasburgo. Los dos aeródromos de París no se vieron afectados esta vez por esta oleada de avisos de atentado.

También este miércoles tuvo que volver a ser desalojado el Palacio de Versalles, situado en las afueras de París, tras recibir una amenaza de bomba falsa. En cinco días, este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad ha tenido que ser evacuado tres veces por el mismo motivo. El museo del Louvre de París fue igualmente clausurado el pasado sábado durante toda la jornada, después de que alguien les amenazara por email.

Al instituto público Gambetta-Carnot de Arras (norte de Francia), donde fue asesinado el profesor Dominique Bernard por un islamista, le tocó el turno el lunes. Finalmente, tras comprobarse que no había peligro, los alumnos y profesores regresaron a clase para participar en un minuto de silencio en memoria del docente asesinado en el centro el pasado viernes.

Francia se encuentra desde el 13 de octubre en alerta terrorista máxima, tras los recientes atentados de Arras y de Bruselas (Bélgica) y ante el aumento de la amenaza islamista en todo el mundo por la guerra entre Hamás e Israel.

El presidente, Emmanuel Macron, ordenó tras el atentado de Arras doblar el número de soldados de la operación antiterrorista 'Centinela' que patrullan las calles en Francia, que ha pasado de 3.000 a hasta 7.000 efectivos. El Gobierno ha reforzado asimismo la seguridad en las escuelas, las sinagogas y los lugares frecuentados por la comunidad judía y también en torno a los partidos del Mundial de Rugby, que se celebra en el país.

Paralelamente, el Consejo de Estado ha dicho que el Ejecutivo galo no puede impedir de forma sistemática las manifestaciones propalestinas, como había anunciado el ministro del Interior, Gérald Darmanin, sino que tienen que ser los prefectos los que decidan «caso por caso» hacerlo, si el riesgo a que se produzcan perturbaciones al orden público justifica su prohibición.