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La larga negociación sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit desembocará este viernes en un encuentro de los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido, David Cameron y José Manuel Albares, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Europeo, ... Maros Sefcovic, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.
Intentarán llegar a un acuerdo sobre el uso compartido del aeropuerto, el asunto más espinoso porque afecta a la soberanía británica sobre territorio que reclama España. El optimismo reciente de los negociadores se basa en la posibilidad de que el Gobierno español acepte una propuesta reciente del británico, que respondía a un plan que el ministro de Exteriores envió a Londres hace un año.
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Conocedores de la negociación afirman también que, en caso de que esta fase culmine ahora, el texto describirá un acuerdo general y que los detalles serán negociados después. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmó este miércoles en un podcast británico que la negociación está siendo amistosa y que se resolverá «en los meses venideros».
El 96% de los gibraltareños que votaron en el referéndum del Brexit, con una participación del 84% de sus electores, rechazó la marcha de la Unión Europea. Dos años después de encajar el golpe, el gobierno del Peñón acordó con el español cuatro memorandos de entendimiento que afectaban a las relaciones entre España y Gibraltar.
La supresión del contrabando de tabaco, gasolina o alcohol mediante mayor paridad de precios, la colaboración de las policías y en cuestiones medioambientales, también sobre el régimen fiscal, se acordaron, en noviembre de 2018, al mismo tiempo que el Gobierno de Theresa May negociaba el Brexit con el Consejo Europeo presidido por Jean Claud Juncker.
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Los memorandos se incorporaron al Protocolo del Acuerdo de Retirada. En primer lugar la preservación, en las nuevas barreras creadas por el Brexit, del movimiento diario de 15.000 personas a través de la frontera entre Gibraltar y la región del Campo. Es esencial para la economía comarcal. La aplicación de los derechos de los trabajadores fronterizos reconocidos en el Acuerdo ha facilitado la continuidad.
El movimiento de personas ha creado otras turbaciones para el Gobierno británico. En el Comité de Escrutinio Europeo de la Cámara de los Comunes, presidido por el más persistente eurófobo el Parlamento, sir William Cash, hubo quejas hace un mes porque Londres aceptase que los británicos que llegan a Gibraltar vayan a ser sometidos a los controles del espacio Schengen.
El exministro David Jones preguntó al secretario de Estado que defendía la negociación con Madrid: «¿Cómo es posible que viajeros británicos llegando a un territorio británico tengan que entregar sus pasaportes para que sean inspeccionados por un funcionario fronterizo extranjero, y que eso no sea incompatible con la soberanía británica?»
Otro exministro conservador advertía de posibles problemas para la comunidad judía en Gibraltar por ser el Gobierno español antisemita. Ya se elaboraron en el Ministerio británico de Exteriores documentos en los que se advertía que policías españoles tenían que renunciar a su condición de ciudadanos comunitarios, porque los gibraltareños no iban a aceptarlos como aduaneros.
Cash está consternado porque el Reino Unido y la Unión Europea «hayan al parecer acordado en principio que el futuro de Gibraltar incluya una frontera Schengen y la gestión conjunta con España del aeropuerto; o sea cuestiones de Defensa». Los brexiters radicales imponen a los demás una frontera Schengen mientras ellos van a Gibraltar con su pasaporte azul, sin salir del Peñón hasta el regreso.
El posible acuerdo sobre el aeropuerto, último obstáculo de una negociación en la que el ministro José Manuel Albares ha esperado un año a la respuesta de Londres a su propuesta, irrita sobremanera a Cash: «Se corre el riego de establecer un peligroso precedente en los territorios de ultramar, permitiendo que un poder extranjero fije las reglas de nuestros compromisos, disminuyendo el confiado papel constitucional que el Reino Unido desempeña».
El Gobierno español argumenta su derecho a compartir la gestión del aeropuerto, que está en el istmo entre el Peñón y el continente, porque los británicos se habrían aprovechado de la cesión caritativa de unos terrenos en el cuello arenoso que une la roca con La Línea para que las tropas se guareciesen de la fiebre amarilla. Se quedaron con la tierra, en 1815. España insiste que nunca la cedió. Reino Unido y Gibraltar preparan por eso los planes en caso de que no haya acuerdo.
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