La defensa de Assange plantea dudas sobre su proceso de extradición a Estados Unidos

Todos ellos fueron rebatidos por la abogada representante de EE UU, Clair Dobbin, quien abrió su alegato advirtiendo que «no se puede tratar al imputado como a un periodista normal ni a Wikileaks como un medio editorial corriente». Assange afronta 17 cargos de obtención y difusión de documentos confidenciales bajo la ley de espionaje de 1917 más otro adicional de pirateo de un sistema informático estatal.

«Ningún periodista es inmune al Derecho Penal», añadió la abogada. Washington rechaza extender la protección del derecho de libertad de expresión y de prensa al director de la plataforma digital, al que acusa de publicar correspondencia diplomática sin borrar antes la identidad de cientos de colaboradores del Gobierno y entes estadounidenses. No hay pruebas de represalias mortales contra alguno de los identificados en estas filtraciones difundidas en bruto, que Assange atribuye a un error técnico y al desliz de un periodista de un medio británico que colaboró en la difusión inicial de los explosivos secretos de Estado, en 2010.

Dobbin recordó que fue «una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia» y una operación delictiva en la que Assange habría actuado en complicidad con la ahora exanalista militar Chelsea Manning. El pliego de cargos incluye «conspiración» con ella para «robar» informes gubernamentales e intento de jaquear la clave de un ordenador del Pentágono, además de la supuesta difusión ilícita de los ficheros,

La defensa de Assange consiguió introducir dudas en el procedimiento, que podrían inclinar la balanza en favor de la revisión del fallo original. El juez pidió explicaciones sobre el riesgo de que el 'padre' de Wikileaks sea sentenciado a pena de muerte de ser entregado y juzgado en EE UU. La cuestión ha surgido en ocasiones previas y la respuesta del Gobierno británico ha sido idéntica: Reino Unido no acepta extraditar a ciudadanos que afronten esa condena en el país reclamante. El equipo legal que representa a Washington en Londres indicó por primera vez que nada puede impedir la ampliación de los cargos de asistencia en la perpetración de un crimen hasta una categoría que se castigue con pena capital.

Dobbin argumentó que los abogados del australiano tratan de «ventilar de nuevo» las pruebas documentales de un proceso motivado por actos delincuentes, no por causas políticas. La jueza sólo tiene que ordenar la revisión de uno de los ocho puntos presentados por la defensa para facilitar un recurso de Assange contra la sentencia de primera instancia. La decisión se espera en las próximas semanas.