Julian Assange se asoma al precipicio de la extradición a EE UU

Una resolución en su contra puede desencadenar su entrega inmediata a Washington para ser juzgado allí por obtener y publicar informes confidenciales sobre supuestos abusos y crímenes de guerra de Estados Unidos, según alerta su entorno. Assange, que está recluido en la cárcel de Belmarsh, en el sureste de la capital británica, ha solicitado permiso para atender en persona las vistas públicas

«Hacer periodismo no es un delito», denuncia el eurodiputado Miguel Urbán Crespo antes de viajar de Bruselas a Londres para participar en la protesta. El miembro de Anticapitalistas se ha sumado este martes a la movilización popular, junto con un grupo de europarlamentarios del grupo The Left, que exige al Gobierno conservador británico la liberación del profesional australiano y demanda a Washington que retire los 18 delitos que se le imputan hasta la fecha bajo las leyes de espionaje y pirateo informático, penables con 175 años de cárcel. «Informar de la delincuencia de un Estado no es un crimen», protestó días atrás la esposa y asesora legal del exdirector de Wikileaks, Stella Assange.

«Es fundamental estar en Londres. Están en juego la democracia y el derecho a la información», defiende el parlamentario español. La persecución de Assange, añade, es un «auténtico aviso, un escarmiento: quienes se enfrenten a los abusos de los poderosos y muestren información que compromete su impunidad lo pagarán caro». El también cofundador de Podemos coincide con la dirección de Wikileaks, con coordinadores y afiliados a asociaciones de prensa y organizaciones de derechos fundamentales en definir el caso de Assange como «un ataque contra uno de los pilares de la democracia: el derecho a la libertad de información». «Lo que se decide en los próximos días no es únicamente su extradición, sino el derecho a la información de la ciudadanía», observa.

El equipo legal de Assange defenderá este martes y miércoles, ante dos jueces del Alto Tribunal, el derecho a recurrir secciones de la sentencia en primera instancia favorables a su extradición y la orden de entrega firmada por la ministra del Interior en junio de 2022. Un magistrado de la misma corte denegó el permiso de apelación sin convocar una vista pública y será la primera vez que los abogados del periodista y activista electrónico tengan la oportunidad de exponer los alegatos que sostienen la petición.

Assange quiere recurrir los puntos «políticos» de la reclamación de EE UU que la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, aceptó como válidos en su fallo de 2021. La jueza de primera instancia consideró que sería «opresivo» extraditar al exdirector de la pionera plataforma debido al riesgo de suicidio en el régimen penitenciario estadounidense que se aplica a reclusos o sospechosos de crímenes contra la seguridad nacional. Washington superó este crítico obstáculo, en apelación, tras ofrecer a Londres «garantías diplomáticas» en atención sanitaria, condiciones carcelarias menos severas y posibilidad de cumplir en Australia parte de la condena. Estas promesas son condicionales y la familia, los letrados y numerosas ONG consideran el arreglo como un ingrediente más en una farsa injusta, cruel y desoladora.

Los jueces de apelación aceptaron las promesas estadounidenses, pero no tumbaron la opinión de la magistrada de Westminster sobre el riesgo de muerte que correría Assange de consentirse su extradición. «Julian morirá si le extraditan», remarcó la madre de sus dos hijos pequeños ante la Asociación de Periodistas Extranjeros (FPA) de Londres.

En esta fase del proceso, dos jueces del Alto Tribunal han de decidir si permiten o deniegan permiso para que la corte de apelación examine aspectos relacionados con la libertad de prensa y otros derechos fundamentales incluidos en la sentencia de Baraitser. Un fallo favorable a Assange abrirá la puerta a un nuevo juicio que fundamentalmente girará en torno a la naturaleza política del caso. Una resolución contraria supondría el final de la vida legal en Reino Unido. Quedaría en la retaguardia el aval de la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque su protección está ahora en entredicho en Reino Unido. El proyecto de ley de Ruanda, que el Gobierno de Rishi Sunak está tramitando con urgencia en su estrategia contra la inmigración irregular, autoriza a los ministros a ignorar las decisiones preliminares de los jueces de Estrasburgo.

Stella Assange señaló recientemente que ha «aprendido a no ser optimista» en el calvario que comparte con su marido y anticipa lo peor. Teme que los jueces dicten sentencia esta misma semana y cierren la vía del recurso legal en Reino Unido. Una conclusión en este sentido permitiría al actual ministro del Interior, James Cleverly, proceder con la entrega a Washington del fundador de Wikileaks, a quien persigue por publicar, en 2010, ficheros confidenciales filtrados por la exanalista militar Chelsea Manning.

El alijo documental contiene cientos de miles de documentos de las guerras de Irak y Afganistán, informes sobre las condiciones de los presos de Guantánamo y cables diplomáticos, que sugieren graves abusos y delitos de militares, funcionarios y otros representantes oficiales de Estados Unidos.