El 'crack' municipal británico se llama Birmingham

La alarma saltó el 5 de septiembre, cuando el departamento financiero del consistorio activó el mecanismo de «quiebra técnica», lo cual dio paso días después a la intervención del Ejecutivo central. El concejo, de mayoría laborista, debe ahora consensuar con los administradores designados un plan de recuperación que «implicará opciones duras» en la prestación de servicios y venta de activos municipales, y «desembocará en una organización más pequeña», según la moción que se presentará a debate en el pleno de este lunes.

El Ayuntamiento afronta un déficit de unos 100 millones de euros en los presupuestos del año fiscal, que podría dispararse a 190 millones en el ejercicio 2024-25. Entre los detonantes puntuales de la hecatombe se mencionan problemas con la renovación del sistema informático y los exitosos, pero costosos, Juegos de la Commonwealth celebrados en 2022.

De mayor peso y urgencia es el vencimiento del pago de unos 900 millones de euros en indemnizaciones a empleadas municipales como resultado de una demanda por discriminación salarial que se arrastra desde hace una década, cuando la ciudad estaba controlada por una coalición de conservadores y liberal-demócratas.

«No es tarea del Gobierno rescatar a un Ayuntamiento de su mala gestión financiera», declaró Sunak. «El consistorio –añadió– «necesita mejorar la forma en que hace su contabilidad y ofrecer a los residentes servicios de buena calidad». Los laboristas recuerdan que los ingresos de Birmingham cayeron un 17% en la primera década de gobiernos liderados por los conservadores hasta 2020, obligando a concejales y técnicos a practicar tijeretazos por un valor global en torno a 840 millones de euros.

La crisis de la urbe se enmarca en un largo periodo de austeridad, que ha resultado en recortes por encima del millar de millones de euros del cupo aportado por el Gobierno de Sunak, según el alcalde, el laborista John Cotton. Es la séptima autoridad municipal que se declara en bancarrota oficial desde 2020 –incluida Croydon, que activó el mecanismo en dos ocasiones desde entonces– y nadie espera que sea la última. Estudios subrayan que al menos veintiséis autoridades locales adicionales corren el riesgo de caer en el abismo de la ruina en los próximos dos años. «Más colapsarán sin una reforma completa de las finanzas municipales y un Ejecutivo interesado en proteger a la autoridad municipal», advierten los académicos Yseult Marique y Eugenio Vaccari en la plataforma 'The Conversation'.

Los ayuntamientos alimentan sus arcas por dos canales principales. El Gobierno de Westminster aporta una subvención anual con la que se debería cubrir la gestión de vitales servicios municipales, en particular, los de distribución obligatoria. La cuota central equivale aproximadamente al 51% de los ingresos locales e incluye porcentajes de la redistribución de las tasas corporativas y la sanidad pública, entre otros componentes. La segunda vía de ingresos, en torno al 48%, procede del impuesto que se carga a los residentes de cada vivienda del distrito, y de beneficios comerciales, como aparcamientos o alquiler de inmuebles.

El monto de la cuota central dejó de evaluarse en función a las necesidades de cada distrito tras la última reestructuración del sistema. La administración conservadora emprendió el cambio con el fin de incentivar la captación de ingresos propios a nivel municipal. El resultado ha sido una pronunciada reducción de la contribución general –del 37% en diez años, según el 'think tank' Institute of Government– que muchos distritos no han conseguido equilibrar dada su parco poder y libertad de actuación. Hasta la tasa local está sujeta a limitaciones del Gobierno, que impone un techo anual que únicamente se puede superar mediante un referendo en el distrito.

«No hay duda de que los administradores externos pueden dar la vuelta a las finanzas del Ayuntamiento, pero la cura será potencialmente brutal: pérdida de puestos de trabajo, servicios cortados, venta de activos e incremento del impuesto local», explica Jonathan Carr-West, gerente del Centro de Investigación de la Democracia Local (LGIU).

Un análisis del Instituto de Investigación de Política Pública (IPPR) indica que desde 2010 se han vendido unas 75.000 propiedades municipales británicas, con un valor de unos 17.000 millones de euros. Los residentes de Birmingham van camino de perder su nueva biblioteca, el galardonado Palacio del Pueblo, con diseño del estudio de arquitectura holandés Mecanoo.