Assange logra retrasar su entrega hasta que EE UU garantice que no le condenará a muerte

Pero la jueza Victoria Sharp, que preside esta instancia del caso junto al magistrado Jeremy Johnson, ofrece al mismo tiempo una oportunidad al Gobierno estadounidense para presentar garantías diplomáticas sobre la protección de los derechos fundamentales del reclamado.

De cumplirse el trío de condiciones, Washington y Londres podrían evitar el juicio de apelación de las cuestiones políticas del procedimiento -libertad de prensa, derecho a conocer la verdad, juicio justo, entre otros aspectos legales- que reclama el equipo legal del exdirector de la pionera plataforma digital de comunicación.

Así, ambos jueces demandan «garantías satisfactorias» sobre el nivel de protección constitucional que Assange tendría asegurado de ser juzgado en EE UU de 17 imputaciones bajo la ley de espionaje de 1917 y uno adicional por 'jaqueo' del sistema informático del Pentágono.

En cuestión está si el expatrón de Wikileaks podría ampararse bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que protege la libertad de expresión. En el juicio del pasado febrero sus abogados expusieron declaraciones de altos cargos gubernamentales en el sentido de que dicha protección no le cubriría por ser ciudadano extranjero.

Los jueces también piden garantías formales a Washington de que su nacionalidad australiana no perjudicará el proceso judicial una vez sea entregado a las autoridades estadounidenses. Por último, urgen a EE UU a descartar la pena capital entre las sentencias que un juzgado podría dictar contra Assange.

El tribunal londinense concede un plazo de tres semanas al Gobierno de EE UU para que remita dichas condiciones a través de sus representantes legales contratados por la Fiscalía británica. Los jueces se reservan el derecho de dar luz verde a la apelación si consideran «insatisfactoria» la potencial respuesta o si Washington decide ignorar el dictamen de Sharp, la jueza de apelación de mayor grado en Derecho penal en Inglaterra y Gales.

«Es incomprensible que el tribunal habilite un plazo para que Estados Unidos pueda aportar unas garantías que jamás ha aportado después de años reclamando su extradición», denunció a Aitor Martínez, del equipo legal internacional de Assange, a este medio.

La Administración estadounidense investiga al periodista y ex'hacker' australiano desde la publicación en 2010 de cientos de miles de documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán, la situación de los presos de Guantánamo y comunicaciones diplomáticas con embajadas de medio mundo. Medios establecidos como 'El País', 'The New York Times' y 'The Guardian', entre otros, colaboraron con WikiLeaks en una fase inicial de la difusión de los comprometidos archivos, que desvelan abusos y atrocidades de mandos estadounidenses.

La Administración de Donald Trump formalizó la petición de extradición, en 2019, en un pliego de cargos que hace hincapié en la publicación de identidades de colaboradores y confidentes estadounidenses en la plataforma entonces dirigida por Assange. El Gobierno de Joe Biden avaló la continuidad del proceso y apeló el veredicto inicial que bloqueó la extradición ante el riesgo de que el reclamado muera o se suicide en el duro sistema penitenciario aplicado a presos cautelares o convictos de delitos de seguridad nacional.

El abogado y académico español advierte además del matiz político implícito en las condiciones impuestas por el Alto Tribunal de Inglaterra. «Cualquier garantía estará sometida a las fluctuaciones de las elecciones de Estados Unidos, donde un nuevo Gobierno podría heredar y desatender esas garantías», señala el experto del despacho iLocad.

Mientras, Stella Assange, esposa y asesora legal del imputado, interpretó el fallo como una decisión de «invitar a EEUU a intervenir políticamente». «La administración de Biden no debería ofrecer garantías. Debería abandonar este vergonzoso caso. Julian es un preso político», protestó ante el juzgado.

Ambas partes tendrán la oportunidad de defender sus posiciones en una nueva vista convocada para el próximo 20 de mayo.

Mientras, Assange seguirá recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, a la espera de la conclusión del proceso. En abril se cumplen cinco años de su presidio cautelar, sin cargos pendientes en el Reino Unido, y con la salud deteriorada, según advierte su esposa, madre de sus dos hijos pequeños y asesora legal, Stella.