Tiendas de campaña en Central Park para los inmigrantes en Nueva York

Pocas veces una tradición de asilo como la que encarna la Estatua de la Libertad con su antorcha como puño ha ahogado tanto a sus gobernantes. El ayuntamiento ha estudiado más de 3.000 posibles ubicaciones para albergar la friolera de 100.000 indocumentados que han llegado a la ciudad en el último año, desde tiendas de campaña en Central Park hasta barcos crucero, pero la mayoría de las opciones desatan indignación por parte de los habitantes o de las organizaciones que defienden a los migrantes. «Para quien quiera que nos diga que no a algún sitio, tengo una pregunta: ¿Dónde? ¡Dime a dónde debemos ir!», preguntó desesperado el alcalde en conferencia de prensa.

En la lista de casi 200 albergues que ha abierto el Ayuntamiento hay hoteles, gimnasios, tiendas de campaña, centros de convenciones y hasta estaciones de autobuses o terminales marítimas. Todo se queda corto. Cada semana llegan a Nueva York más de 2.000 nuevos inmigrantes, transportados gratuitamente desde Texas y otros estados republicanos de la frontera que han decidido poner a prueba el carácter hospitalario de las ciudades demócratas que se oponían a la construcción del muro.

Al principio se les recibió con los brazos abiertos. Los neoyorquinos siguen haciéndolo, pero sus autoridades advierten que habrá que recortar todos los servicios públicos que reciben sus habitantes para pagar lo que cuesta la generosidad. En mayo la estimación era que costaría 4.200 millones de dólares, cifra que el miércoles el alcalde revisó hasta los 12.000 millones a lo largo de los próximos tres años. En comparación, el presupuesto total de megalópolis es de 107.000 millones, por lo que el gasto adicional supone casi un 10% del total. O sea, más de lo que desembolsa la ciudad en recogida de basuras, limpieza de calles, parques y departamento de bomberos juntos. A ese ritmo, dentro de dos años se estima que el número de inmigrantes necesitados de albergue será el doble de los 56.000 que tiene ahora a su cargo. Y eso sin contar a otros 50.000 vagabundos y neoyorquinos en apuros que tiene en el sistema.

«Pensadlo bien», pedía el alcalde. «Ahora mismo puedes venir cualquiera desde cualquier parte del mundo a Nueva York y estamos obligados a darle casa, comida y colegio para sus hijos. Eso no es sostenible, no es racional».

El ayuntamiento disputa en los tribunales la obligación adquirida a través de la jurisprudencia para dar albergue a todos los recién llegados por tiempo ilimitado, mientras que las asociaciones de defensa del migrante no le dan respiro en el frente legal. La semana pasada el hotel Roosevelt, que se ha convertido en el nuevo Ellis Island donde se procesa a los recién llegados, llegó al techo de su capacidad y empezó a denegar la entrada. Como consecuencia, unas 300 personas, la mayoría hombres solteros de origen africano, acamparon en las aceras de esas nobles calles alrededor de la estación de Grand Central. Al día siguiente les visitó el alcalde, pero el caso ya estaba en los tribunales y en las noticias por haber incumplido con su obligación de darles acogida.

Tocó retomar alguno de los planes aparcados, como los gimnasios de colegios que tanto han protestado los padres de los niños escolarizados. Algunos hicieron guardia desde la madrugada temiendo que el Ayuntamiento mandara los autobuses en la oscuridad de la noche. «Los colegios son para los niños», decían las pancartas frente a una escuela de Brooklyn. Los padres, algunos de ellos también inmigrantes, alegaban que no solo defienden los derechos de sus hijos, sino también los de los inmigrantes que se verán hacinados con pocos baños y duchas para su aseo personal.

«Lo entiendo», decía Adams. «No son sitios en los que nadie quiera estar. ¿Quién quiere despertarse en un catre rodeado de gente?». Por eso cree que la solución es que el Gobierno federal agilice la concesión de permisos de trabajo para que puedan mantenerse por sí mismos. Las asociaciones de derechos de los migrantes sostienen que la ciudad dispone de mejores opciones, pero no ha sido capaz de superar la burocracia. A estas alturas una buena parte de los hoteles neoyorquinos están contratados al completo por el Ayuntamiento a tarifas superiores de las que pagarían los turistas, solo que los inmigrantes no darán vida a los negocios locales ni repercutirán en beneficio para la economía local.

Cuando Nueva York se planteó alojarlos en barcos crucero, los defensores de los migrantes tampoco lo consideraron adecuado. Es más, les pareció «una humillación», porque se sentirían «encarcelados» y carecerían de transportes urbanos. Al alcalde le pareció ideal porque los barcos llenos de camarotes con cuartos de baño tienen también amplios restaurantes en los que instalar buffets, pero no discutió. Como tampoco discute estos días la posibilidad de instalar tiendas en Central Park o en los patios de la cárcel local. Tan solo sonríe y calla cuando se le pregunta.

Su apuesta es convencer al Gobierno de Biden para que declare el estado de emergencia y libere fondos estatales con los que contribuir al peso económico. Entre tanto ha empezado a desviar los autobuses a otras ciudades del estado de Nueva York con la esperanza de convencer a la gobernadora para que establezca un plan de reparto ordenado. En la frontera han empezado a distribuir octavillas en las que se avisa a los inmigrantes de que si vienen a Nueva York no tendrán garantizado el hospedaje. Solo que ellos saben que eso no es verdad. Hablan con sus amigos y familiares, que les animan a reunirse con ellos.

«No deberían dejarlos venir», decía en la puerta del hotel Roosevelt una venezolana que lleva seis meses en Nueva York. «Vienen tantos que nos lo ponen más difícil a los que llegamos primero». Y así se alimenta la espiral en la que está atrapado el alcalde. Su última estrategia es obligar a todos los inmigrantes solteros a renovar la solicitud cada 60 días, pero hasta ahora ninguno ha sido expulsado de sus aposentos por no hacerlo. El 'bluff' se cae por sí solo, como la ciudad misma.