Segundo asalto contra el aborto en Estados Unidos

Desde ese día fatídico de junio pasado en que se conoció la sentencia del Supremo contra una clínica de Mississippi, trece estados de EE UU han prohibido el aborto y otros tantos están pendientes de decisiones judiciales para hacerlo. Se espera que pronto la mitad del país lo tenga vetado o muy restringido. Para millones de mujeres, que por motivos logísticos y económicos no podrían permitirse viajar a Nueva York, California o Nuevo México, su futuro dependerá de esas pastillas que Coeytaux les recomienda guardar en el cajón de las medicinas como si su vida dependiera de ello. Es el 'plan c'.

Cuando ha fallado la marcha atrás, el preservativo o cualquier método anticonceptivo, y hasta la píldora del día después, llamada 'plan b', todavía queda el cóctel de Mifepristona y Misoprostol, que en el 98% de los casos acaba con el embarazo y expulsa el feto hasta las doce semanas de gestación. Pronto puede que ni eso. Los grupos conservadores que planearon la toma del poder judicial para impulsar su agenda antiabortista se dieron cuenta el año pasado que desmantelar la protección del aborto no era suficiente.

En febrero de 2022, las interrupciones de embarazos que se llevaban a cabo en las clínicas mediante estas pastillas suponían ya el 54% de todos los abortos, según un análisis del Instituto Guttmacher. Es de suponer que esa cifra se ha disparado a medida que se han cerrado estos centros sanitarios.

We Count, un grupo que apoya los derechos reproductivos, estimaba en noviembre que 6.500 mujeres compraban cada mes esas píldoras por internet. «Con cada nuevo caso se entera más gente de su existencia y aumenta la demanda», explicaba entonces la cofundadora de Plan C, Ellisa Wells. El preciado medicamento ha tenido el máximo de publicidad desde que el viernes de la semana pasada un polémico juez de Amarillo (Texas), nombrado por Donald Trump, emitió una sentencia sin precedentes que incluía el interdicto de obligatorio cumplimiento en todo el país para que se dejara de comercializar esa medicación.

Era la primera vez que un magistrado se atrevía a decir a la Federal Drug Administration (FDA) que revocara la autorización de un fármaco aprobado 20 años antes, con un impecable historial de seguridad médica. El juez Matthew J. Kacsmaryk, al que buscan sistemáticamente los conservadores que presentan sus demandas en Amarillo, dio a la FDA siete días para suspender la comercialización de las píldoras abortivas. Pero, en cuestión de horas, un juez de Washington emitió otra sentencia sin relación que ordenaba a la agencia federal no hacer nada que «altere el 'status quo' y los derechos relacionados con la disponibilidad de Mifepristona» en los 17 estados donde el aborto es legal.

Quedaba la esperanza de que el 5º Circuito de Apelaciones de Texas pusiera en su sitio al juez Kacsmaryk anulando su sentencia, pero este tribunal especialmente conservador, compuesto por dos jueces elegidos por Trump y uno por Bush, lo complicó aún más. Por dos a uno, los magistrados reconocieron que no se puede viajar en el tiempo para contradecir la seguridad de un medicamento aprobado hace 20 años, pero sí considera legítimo revocar las actualizaciones que ha hecho la FDA desde 2016 para facilitar su venta. Con ello dejaría de comercializarse sin receta en cualquier farmacia y sería necesario tener la prescripción de un facultativo que haya visto a la paciente en persona al menos tres veces. Además, sólo se podrá recetar hasta las siete semanas de embarazo.

Frente a esas órdenes judiciales contradictorias, a la FDA y al fabricante no les quedaba más remedio que apelar al Tribunal Supremo, el mismo que hace un año desmanteló la protección del aborto. El viernes por la noche, a pocas horas de que la agencia federal se hubiera visto obligada a cumplir con la orden para suspender la comercialización de Mifepristona, el juez Samuel Alito emitió una orden cautelar que congela la sentencia hasta las 23.59 del miércoles. Un respiro para que las partes puedan presentar las respuestas que consideren pertinentes y los nueve magistrados del Supremo participen en la decisión.

Los conservadores más extremistas han entendido que si no logran desmantelar el comercio de estas píldoras abortivas, cuyo envío a aquellos estados donde se ha vetado el aborto está penado, nunca conseguirán su objetivo de «proteger todas las vidas inocentes». Para impedir su venta vía postal, el juez de Amarillo ha resucitado una normativa de 1873 que prohibía utilizar el correo para «diseminar anticonceptivos» o «instrumentos que puedan usarse para provocar un aborto». Se suponía que el reinado de la Ley Comstock, que lleva el nombre de un puritano excéntrico en su cruzada contra la prostitución, terminó en 1957 y fue anulada por el Supremo en dos decisiones de 1965 y 1972. Pero, al desmantelarla, el Congreso eliminó las restricciones que ponía al transporte de anticonceptivos sin anular por completo la legislación.

¿Será capaz este Supremo, de mayoría conservadora, con tres jueces nombrados por Trump, de enterrarla para siempre o aprovechará la oportunidad que les presenta el magistrado de Amarillo para rematar y consumar la anulación del aborto? Nadie tiene dudas de que la discusión entre ellos será airada, ni de que para el miércoles se habrán agotado las existencias de Mifepristine. California, Washington, Nueva York y Massachusetts son algunos de los estados que han reconocido estar comprando «millones» de dosis para garantizar el abastecimiento,