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Nadie ha puesto tanto a prueba los límites de la democracia estadounidense como Donald Trump. Desde el momento en que lanzó su campaña atacando a los inmigrantes, hasta la llamada que provocó su segundo juicio de 'impeachment' en la que chantajeó a Volodímir Zelenski para ... que lanzase una investigación contra el hijo de Joe Biden. En todos y cada uno de los casos el Partido Republicano se ha sentido obligado a defenderle. Su imputación no iba a ser una excepción. Solo una trampa que complicará aún más el futuro del partido de Reagan y Bush, devorado por el trumpismo.
«Id a su página web y donad algo de dinero a este hombre para que pueda defenderse», animó en la cadena Fox el senador Lindsey Graham, que pasó de ser su aguerrido rival a uno de sus leales. El senador de Carolina del Sur es un ejemplo de lo que ocurre en el seno del partido conservador, donde nadie quiere señalarse como un crítico de Trump. El expresidente aprovecha el furor que causa el ataque judicial contra él para hacer caja y dar vida a su campaña, en la que ya saca treinta puntos a su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron De Santis.
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Blanco de sus ataques en el mitin con el que relanzó su campaña el sábado en Waco (Texas), el gobernador podía haberse limitado a respetar «la ley y el orden», estribillo de Trump. La Constitución obliga a su Estado a responder a la orden de extradición que pudiera presentar el fiscal de Nueva York si Donald Trump no hubiera aceptado entregarse el próximo martes (a las 20.15 horas de España). En lugar de eso, le ha comprado el contraataque de la «persecución política» y ha asegurado que Florida «no asistirá en nada».
Su elección era fácil, porque ya se sabía que Trump no querrá convertirse en fugitivo de la Justicia, algo que complicaría mucho sus pasos durante la campaña. ¿Para qué iba De Santis a enfrentarse a las airadas huestes del expresidente? Lo mismo debe de haber pensado el resto de los pesos pesados del partido, que han cerrado filas tras él. Esa ha sido siempre la trampa que ha permitido al magnate inmobiliario hacerse con el alma del partido conservador. Nadie se atreve a enfrentarse con él y todos confían en que el devenir de los acontecimientos haga de contrapeso.
En la convención del Partido Republicano de 2016 que le coronó como candidato presidencial, el exportavoz del Congreso Paul Ryan aseguró en privado a embajadores extranjeros y grandes empresarios que a Trump se le iba la fuerza por la boca y luego podrían aterrizarle en la realidad. Fue al revés. Ryan no pudo mantener el control del presidente ni del partido, por lo que abandonó el cargo y hasta el escaño en menos de tres años. Ahora es lo que Trump llama despectivamente «un Rino» (Republicans In Name Only), otra especie en extinción con la que promete acabar cuando vuelva a la Casa Blanca. «Voy a hacer todo lo que siempre quise hacer desde el principio solo que, solo que esta vez no me va a importar», balbucéo el año pasado durante un discurso ante la Asamblea Nacional del Rifle.
Nadie sabe todavía cuáles son los cargos que se especifican en el informe sellado del gran jurado, que la Fiscalía dijo no se abriría este viernes, pero es fácil anticipar que no servirán para abortar la campaña del expresidente, incluso si resultara condenado. Cualquier caso que se juzgue en el Estado de Nueva York puede tardar un año en comenzar el juicio. Este, que según las fuentes de los medios estadounidenses puede contener más de 30 acusaciones, algunas con implicaciones federales, tenderá a ser tardío. A priori, la investigación se centra en las posibles irregularidades que el magnate cometió al pagar con fondos públicos 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablase del 'affaire' sexual entre ambos en 2006.
A la lentitud del engranaje judicial habrá que sumar la habitual estrategia del líder conservador de dilatar los procesos judiciales y enmarañarlos con multitud de mociones y testigos. Su abogado, Joe Tacopina, ya ha avisado que empezarán a presentar mociones tan pronto como se produzca la vista oral del martes, en la que el expresidente será fichado, se le leerán los cargos y el juez dará fecha para la siguiente vista. «Al principio se quedó en shock -reconoció Tacopina en la cadena Fox- porque a estas alturas pensábamos que la imputación tardaría semanas o incluso no ocurriría, pero ya se ha recuperado y está listo para pelear».
Trump ha visto rápidamente el lado positivo de esta imputación. Sus enemigos se ven forzados a defenderle, mientras que él tiene campo libre para atacarles. El pantanoso juicio le mantendrá en el candelero con exposición gratuita en todos los medios y sus rivales electorales se encontraran en una incómoda postura. «La imputación de un expresidente de Estados Unidos es indignante», dijo este viernes su ex vicepresidente, Mike Pence, al que casi linchan las huestes de Trump en el asalto al Capitolio. «A millones de estadounidenses les parece que no es más que una persecución política». En concreto, al 62%, cifra que se eleva al 93% de los encuestados republicanos y que incluye casi un 30% de los demócratas, amén del 70% de los independientes, según una encuesta de Quiniapiac tomada la víspera.
El anuncio de que el líder republicano deberá someterse el próximo martes al trance de registrar sus huellas dactilares y su rostro en una ficha policial desató este viernes una avalancha de mensajes en las redes de antiguos empleados de la Organización Trump y de su entramado político explicando lo extremadamente difícil que era trabajar con su exjefe. Pero quizá la persona que mostró mayor satisfacción fue Michael Cohen, su exabogado, el intermediario que pagó directamente a Stormy Daniels por su silencio y que ha sido el único en pasar por la cárcel por este motivo.
Cohen declaró que Trump nunca penso en acabar en el banquillo y se mostró convencido de que está «enfurecido» con sus asesores y amedrentado porque «su mayor miedo es que le hagan una foto policial y que a partir de ahora tenga una 'D' de delincuente junto a su nombre por el resto de su vida. Quiere hacer creer a la gente que es muy fuerte, pero tiene la piel muy fina y un ego muy frágil», enfatizó.
La exembajadora ante la ONU Nikki Haley, la otra única persona que ha anunciado su candidatura por la nominación presidencial, aseguró en un tuit que «esto es más venganza que justicia». Otro presunto interesado, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, tuiteó que «las persecuciones políticas ponen el sistema legal estadounidense en riesgo de ser visto como una herramienta para el abuso». El empresario Vivel Ramaswamy, al que también se cree interesado, fue muy tajante: «Esto está mal. Es peligroso. Como país estamos patinando en un hielo muy fino» tuiteó.
Mientras, el imputado se permitió este viernes el lujo de atacar al juez de origen colombiano Juan Manuel Merchan que presidirá el caso -cuyo apellido escribió mal en Truth Social-, que resulta ser el mismo que condenó a Trump Organization por fraude fiscal. «Me odia», aseguró el expresidente en letras mayúsculas. El martes Merchan tendrá que poner la fecha para la siguiente vista y empezar a estudiar las numerosas mociones que sus abogados preparan. En la puerta del juzgado tendrá a sus huestes, azuzadas por la congresista de QAnon Marjorie Taylor Greene: «Me voy el martes a Nueva York. ¡Tenemos que protestar por esta CAZA DE BRUJAS inconstitucional!».
La fiscal general de Nueva York, Laetitia James, investiga al expresidente y a la Organización Trump por haber mentido presuntamente sobre el valor de sus activos y sus inmuebles para obtener condiciones ventajosas en diferentes negociaciones con bancos y aseguradoras. La fiscal ha pedido que se les multe con 250 millones de dólares y que el magnate y sus tres hijos mayores no puedan dirigir empresas en todo el Estado.
La Fiscalía del condado de Fulton mantiene abierto un procedimiento para averiguar si Trump presionó a políticos y funcionarios de Georgia para intentar revertir su derrota electoral en este Estado y así conseguir anular el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. En este territorio, las urnas dieron la victoria al actual mandatario por 306 votos electorales mientras que su rival republicano consiguió 232, una distancia mínima que supuestamente intento eliminar por la puerta de atrás. Una grabación le sorprende clamando por 11.000 papeletas a su favor y exigiendo a sus contactos que «encuentren» los votos y confeccionen una lista de electores falsos.
La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 ha recomendado el procesamiento penal del expresidente por cuatro posibles delitos, todos ellos de notable gravedad. Según la investigación del comité, habría incurrido en un caso de obstrucción al Congreso al tratar de bloquear la designación de Biden, así como de falsificar testimonios y, lo más grave, de incitación a una insurrección por su papel durante aquella jornada en la que una multitud de extremistas tomó el edificio del Capitolio en Washington.
El cuarto gran caso al que se puede enfrentar Trump es el hallazgo en su mansión de Mar-a-Lago de abundantes documentos clasificados, que supuestamente se llevó de la Casa Blanca al terminar su mandato. Al menos quince carpetas aparecen con el sello tradicional de los informes secretos, algunos al parecer referidos a cuestiones nucleares, que los expresidentes deben entregar en los Archivos Nacionales por su importancia gubernamental.
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