Las órdenes mordaza judiciales no logran frenar la incitación a la violencia de Trump

Tras profusas disculpas de los letrados de Trump, que achacaron el «error» al olvido de la «maquinaria de campaña» de eliminar la publicación de la web, el juez Engoron impuso el viernes al expresidente una multa de 5.000 dólares. El contenido ha sido ya borrado, pero antes fue enviado a cientos de suscriptores como parte de los correos de campaña.

El magistrado evitó declarar a Trump en desacato, pero se reservó el derecho de hacerlo si continúa violando una orden de silencio impuesta en la primera semana del juicio que prohíbe a las partes implicadas atacar al personal del tribunal. En sus comentarios, el magistrado hizo énfasis en la incitación a la violencia en los mensajes del expresidente.

Una situación similar tenía lugar el lunes en Washington D.C,. en el tribunal de la jueza federal Tanya Chutkan, a cargo del proceso contra Trump por su intento de subvertir las elecciones de 2020, quien después de imponer una orden mordaza, sopesaba la misma cuestión. A instancias del propio fiscal federal, la jueza prohibió a Trump seguir increpando al fiscal especial Jack Smith, a su equipo, y a cualquier testigo.

La cuestión de cómo amordazar a un millonario acostumbrado toda su vida a la descalificación ofensiva y sin freno, y hacerlo sin infringir su derecho de expresión, se ha convertido en un serio debate en la judicatura. El hecho de que además sea un contendiente que encabeza las primarias republicanas de 2024 y un expresidente de EE UU complica el intento de contenerlo.

«Lo que es inaudito no es que un juez imponga una ley mordaza a un candidato presidencial; sino que éste haya convertido en un hábito atacar y amenazar a testigos, fiscales y personal judicial», señaló Neal Katyal, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.

En sus comentarios la jueza Chutkan señaló que Trump «implícitamente exhorta a la violencia contra los empleados públicos por hacer su trabajo». Una arenga que ya ha derivado en el pasado en ataques contra funcionarios electorales, el asalto en su propia casa contra Paul Pelosi, el esposo de la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi, y a gran escala, el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La situación, ya crítica, tiene posibilidades de empeorar a medida que la creciente frustración del expresidente con sus batallas legales se haga más evidente. Durante su retorno esta semana al juicio de Nueva York, un caso que podría diezmar sus negocios, Trump mostró intensa irritación. La fiscal general Letitia James, iniciadora del proceso, es víctima de la constante denigración del exmandatario en sus publicaciones, a menudo teñidas de descalificaciones raciales veladas.

Trump parece haber perdido en Nueva York la actitud estoica y desafiante que desplegó en sus otro cuatro procesos penales hasta ahora, en Manhattan, Florida, Atlanta y Washington, D.C. La diferencia es que este proceso es económico y amenaza a su imperio urbanístico, el mismo que lo impulsó hasta la Casa Blanca.