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Mercedes Gallego
Enviada especial. Washington DC
Martes, 21 de enero 2025, 07:03
La primera jornada laboral del presidente Donald Trump fue, como había prometido, un auténtico terremoto. Empezó con puro teatro sobre el escenario del Capital One Arena, donde tras las marchas militares y las ovaciones de sus seguidores se sentó en un pequeño escritorio. Allí repelió ... de un plumazo 78 órdenes ejecutivas de su predecesor. Continuó en el Despacho Oval durante casi una hora, donde estuvo contestando espontáneamente preguntas de la prensa mientras firmaba decretos a diestro y siniestro.
Entre los derogados estaban las prevenciones para combatir la discriminación por orientación sexual, porque ya había dicho durante su discurso de posesión que, desde el lunes, para el Gobierno de EE UU solo existen dos géneros: el femenino y el masculino. Queda también anulada la garantía de que todos los cualificados puedan servir en las fuerzas armadas, lo que deja en el limbo a mujeres y homosexuales. Vuelven las cárceles privadas y Cuba, a la lista de países terroristas, al anular la suspensión que firmó Biden en la última semana. Mientras lo hacía, el exsenador cubanoamericano de Florida Marco Rubio era confirmado abrumadoramente por 99 votos en el Senado como nuevo secretario de Estado. «Tiene opiniones muy fuertes, va a ser interesante para Latinoamérica», reflexionó Trump como si no fuera con él.
Los aranceles para México y Canadá no estuvieron en esta primera tanda, pero avanzó que pueden esperarlos en febrero, cuando amenaza con gravar sus exportaciones un 25%, pese a ser parte del tratado comercial para Norteamérica que renegoció él mismo. Volverán a ser su mejor arma de negociación, en sustitución de las sanciones «porque dejan mucho dinero». El presidente advierte de que podría usarlos contra China, si no aprueba la propuesta que le presenta para adquirir la filial estadounidense de TikTok, a la que le ha dado 75 días de gracia, o contra Rusia, si Vladímir Putin no firma la paz con Ucrania. «Le conviene, está arruinando al país».
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Mercedes Gallego
Entre las primeras medidas estaba también la de retirar a EE UU de los Acuerdos de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como ha comunicado ya a la ONU. Los inmigrantes que se encontraban en la frontera esperando su cita para presentar una solicitud de asilo se encontraron de pronto con que la aplicación había dejado de funcionar. También ha suspendido la protección temporal que amparaba a los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Haití, que ha permitido la entrada en territorio estadounidense de medio millón de personas desde 2023. Es más, el derecho de refugio queda temporalmente suprimido para todas las nacionalidades. Por decreto, Trump incluso ha liquidado el derecho a la ciudadanía que obtienen automáticamente todos los nacidos en EE UU, de acuerdo a la Constitución, un tema que seguramente haya frenado ya un juez para cuando se lea esta noticia.
El nuevo presidente fuerza todas las costuras de la legalidad con sus decisiones y abre un sinfín de frentes legales que acabarán ante el Supremo de EE UU para que redefina las leyes del país. Lo que no es cuestionable es su decisión de perdonar a más de 1.500 «rehenes del 6-E» como ha llamado a su ejército de leales 'patriotas'. Entre los primeros estaba el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, condenado a 22 años por sedición, al ser considerado uno de los artífices de la insurrección. Su participación en disturbios neonazis se extiende también a otros enfrentamientos violentos como los de Charlottesville (Virginia). La misma suerte ha corrido asimismo el jefe de otra milicia de ultraderecha, Stewart Rhodes, fundador de Oath Keeper, que cumplía una pena de 18 años. «Ya han estado mucho tiempo en la cárcel», resolvió Trump, que considera sus encarcelamientos «injustos» y culpa de la insurrección a la exportavoz del Congreso Nancy Pelosi y a los «agitadores» del FBI.
Los expertos coinciden en que el derecho de clemencia del presidente es absoluto. Ni él tendrá que justificar esos perdones y conmutaciones de penas, ni Biden el preventivo que ha dado a toda su familia horas antes de partir, para protegerlos en caso de que el Gobierno de Trump cumpla su promesa de ir a por ellos judicialmente. «Yo no lo hice con mi familia, porque eso les haría parecer culpables, pero ya que ha sentado el precedente igual lo puedo hacer yo cuando me vaya», resolvió.
Otra de sus directrices es para que el Departamento de Justicia busque entre sus filas a aquellos que hayan utilizado la ley como arma política y ponga «medidas de remedio», lo que deja expuesto al fiscal especial Jack Smith y todos los que trabajaron con él en las imputaciones federales de las que fue objeto. La caza de brujas y el tsunami político no han hecho más que empezar. «Solo llevo aquí 15 minutos», bromeó.
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