Una niña estadounidense de dos años, la última víctima de las deportaciones de Trump

El juez federal Terry Doughty ha programado una audiencia para el 16 de mayo para «disipar la firme sospecha de que el Gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadounidense sin el debido proceso», según un documento emitido el viernes por el magistrado, que ha reiterado que la ley prohíbe la deportación de ciudadanos norteamericanos.

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«El Gobierno sostiene que esto es normal porque la madre deseaba que la menor se fuera con ella. Pero el Tribunal lo desconoce», escribió Doughty en su orden. Según él, la niña fue expulsada junto con su madre, procedente de Honduras, tras ser detenida a principios de esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los abogados del padre de la menor presentaron el jueves una demanda para solicitar su liberación.

Según el documento rubricado por el magistrado de Luisiana, la Administración Trump no cuestiona los hechos, pero sostiene que la deportación de la niña, identificada como V.M.L., se produjo tras una solicitud expresa de la progenitora, quien fue expulsada del país por carecer de documentación en regla.

Este nuevo caso es el más reciente que enfrenta al sistema judicial con la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, que está llevando a cabo expulsiones masivas de migrantes ingresados ilegalmente al país. El magnate se ha propuesto deportar a «millones» de indocumentados de suelo estadounidense pese a las órdenes emitidas en su contra por parte de varios magistrados. Una de las más importantes ha sido la decisión del Tribunal Supremo de paralizar las expulsiones de indocumentados en base a una ley creada en 1798 para ser invocada en tiempos de guerra.

Uno de los casos más mediáticos es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño enviado por Estados Unidos a una megaprisión en su país de origen por un «error administrativo». Pese a que tribunales estadounidenses ordenaron su regreso al país, la medida no se ha implementado por parte de Trump, que sigue enfocado en su estrategia de priorizar la lucha contra la inmigración ilegal.

Tras varias sentencias judiciales desfavorables, la Administración estadounidense ha decidido entablar un acalorado debate con los magistrados, a los que allegados al presidente han acusado de «tiranos» e incluso el propio mandatario ha catalogado de «debiluchos».