El FBI arresta a una jueza de Milwaukee por entorpecer el arresto de un inmigrante

La magistrada Hannah Dugan fue detenida este viernes a las afueras de los juzgados cuando se dirigía a su trabajo. El mismo lugar donde antes había sido detenido el mexicano Emilio Flores Ruiz, cuando los agentes de inmigración le persiguieron al trote, pese a los supuestos esfuerzos de la jueza para evitar su detención. El joven de 30 años se encontraba en su sala del tribunal para responder a una acusación de abuso doméstico, cuando la magistrada observó la presencia de agentes migratorios, que aprovecharon la cita judicial para intentar deportar al inmigrante antes de que se pudieran probar los cargos en su contra.

Indignada, Dugan les ordenó que fueran a hablar con el magistrado en jefe del tribunal y, mientras lo hacían, dio paso al mexicano y a su abogado a una sala destinada para los jurados, por la que huyó. «Gracias a Dios nuestros agentes persiguieron al delincuente a pie y lo tienen bajo custodia», escribió el director del FBI, Kash Patel, en una publicación fugaz que fue borrada poco después sin explicación. Patel acusa a la jueza de «desviar intencionadamente» a los agentes y crear «un peligro mayor para el público», por lo que se ha propuesto hacer escarnio con ella.

Antes de asumir el cargo, Dugan trabajó como abogada de la Legal Aid Society de Milwaukee, que presta asistencia a personas sin recursos. Más tarde dirigió Catholic Charities en la archidiócesis de Milwaukee, una organización que, entre otros servicios, ofrece programas de reasentamiento de refugiados. Ganó el puesto judicial en las elecciones de 2016 tras vencer a un juez nombrado por el entonces gobernador republicano Scott Walker. Tiene, en definitiva, todas las papeletas para ponerse en la mira del Gobierno de Trump, que busca consolidar su poder desmantelando el de otros pilares de la sociedad.

La víspera autoridades federales entraron al asalto a la casa del juez del condado de Santa Ana (Nuevo México), Joel Cano, quien dimitió del cargo el mes pasado, para detenerle, junto a su esposa, acusados de apoyo al terrorismo por albergar en febrero al inmigrante venezolano Cristhian Ortega López. El Gobierno le conecta al grupo pandillero Tren de Aragua, al que ha declarado organización terrorista.

«Nadie está por encima de la ley», escribió ayer Patel. Excepto el presidente, como ha dictaminado el Supremo, en una de las sentencias más polémicas de la historia, que da a Trump inmunidad casi absoluta en el ejercicio de su cargo. Ya durante su primer mandato estrenó el poder de amedrentar a los jueces en temas de migración con un caso similar, cuando acusó a la magistrada de Massachusetts Shelley Joseph de permitir que un inmigrante saliera por una puerta trasera del tribunal para evitar ser arrestado. Los cargos fueron retirados en 2022, tras un acuerdo que implicaba medidas disciplinarias.

Este viernes Dugan compareció ante el juez federal Stephen Dries. Su abogado, Craig Mastantuono, dijo que la jueza «lamenta profundamente» lo ocurrido y cuestionó que su detención se hiciera en nombre de la seguridad pública, por lo que pidió que se la pusiera en libertad mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, a lo que el juez Dries accedió. Los cargos federales de obstrucción y de ocultar a una persona buscada por la justicia pueden suponer hasta cinco años de prisión.

El arresto se produce en un contexto de endurecimiento generalizado de las políticas migratorias, que se utilizan para frenar el activismo político y debilitar a otras fuentes de poder social. En enero, poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump autorizó a su Departamento de Justicia a investigar y procesar a funcionarios estatales y locales que obstaculicen la aplicación de leyes migratorias. En los siguientes meses ha intensificado su enfrentamiento con universidades, despachos de abogados y asociaciones judiciales que se niegan a colaborar con deportaciones o a entregar datos de estudiantes y empleados indocumentados.

Mientras muchas universidades intentan pasar desapercibidas, eliminando cualquier activismo palestino o políticas de diversidad, Columbia claudicó y Harvard ha elegido enfrentarse legamente al presidente, convirtiéndose en adalid de la resistencia al autoritarismo creciente de este gobierno. Su escudo en la solapa de jóvenes de todo el país es el nuevo acto de rebeldía, lo que ha inspirado a algunas facultades a emitir comunicados en defensa de la confidencialidad de sus registros y a algunos bufetes a crear redes de apoyo legal para inmigrantes en proceso de expulsión. Como resultado, por primera vez durante su segundo mandato la mayor parte de los estadounidenses -el 53% en una encuesta de Ipsos- desaprueba la gestión de Trump en un tema clave de su elección como es el de inmigración.