Casi medio millón de venezolanos recibirá permiso de trabajo en EE UU

Lo hacía en respuesta al clamor de los alcaldes de las grandes ciudades demócratas, cuyas costuras saltan por la presión de la oleada de migrantes que tienen que acoger. El caso más acuciante es el de Nueva York, que desde el año pasado ha recibido más de 100.000 solicitantes de asilo político. La ley local le obliga a proporcionarles albergue, colegios, alimentos y atención sanitaria, lo que se estima en 12.000 millones de dólares a lo largo de tres años. Eso ha provocado ya un recorte del 15% en los próximos presupuestos. El mandatario Eric Adams ha intentado desviar a otras localidades del estado parte de ese flujo que le llega en autobús desde Texas, cortesía del gobernador republicano Greg Abbott, pero la gobernadora Kathy Hochul no ha consentido.

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Mercedes Gallego

Eso ha desatado fuertes tensiones entre los dos dirigentes, ambos del Partido Demócrata, que sólo coinciden en criticar a la Casa Blanca por no aliviar la presión que sufren. Las críticas a un líder de su propio partido que aspira a la reelección han sido ya utilizadas por la oposición para anuncios de campaña que dañarán la imagen de Biden. De ahí que el presidente haya decidido darles este importante balón de oxígeno.

Adams sostiene que si los solicitantes de asilo político reciben un permiso de trabajo aliviarán la presión que tiene el Ayuntamiento para mantenerlos. El Gobierno de Biden no quiere que ésto sirva de incentivo para los que todavía piensan en dejar el país con la idea de que se les facilitará establecerse en Estados Unidos. Por eso el Estatus Temporal Protegido (TPS), que originalmente se otorgaban a los venezolanos que hubieran llegado al país antes de marzo del 2021, sólo se ha extendido a los que hayan llegado antes del pasado 31 de julio. Los recién llegados que no tengan una cita con un juez de inmigración para dirimir su solicitud de asilo político serán deportados, y los que estén a la espera tendrán que seguir viviendo de la beneficencia.

El martes por la noche, mientras que el presidente hacía de anfitrión ante los jefes de Estado que habían llegado a la Asamblea General de la ONU durante una cena en el Museo de Arte Metropolitano, la gobernadora Hochul tenía el oído de Biden. Al día siguiente dijo públicamente que conceder el estatus especial a los venezolanos era «una de las más altas prioridades» de la Administración, que ya tiene bajo este paraguas a cerca de 250.000 venezolanos. Con la nueva extensión se estima que serán 472.000 los que se beneficiarán de este estatus durante 18 meses, un periodo que puede ser renovado por el Gobierno.

Desde su creación en 1990, esa fórmula ha servido para extender una protección humanitaria puntual a los ciudadanos de una treintena de países en circunstancias críticas. Los 2.000 hondureños a los que el Gobierno de Bill Clinton se la concedió tras el catastrófico huracán Mitch todavía se aferran a él para no volver a su país. La cifra de cualquier otra nacionalidad palidece en comparación al número de venezolanos que se beneficiará de esto por razones políticas. La Casa Blanca alega que regresar pondría en riesgo sus vidas, y al tratarse de un régimen socialista los conservadores son más receptivos.