DeSantis se erige en azote de la inmigración

La nueva regulación convierte en delito grave el transporte de personas sin un estatus legal permanente a Florida. Invalida, además, el permiso de conducir obtenido en otros estados por los indocumentados. En el tema laboral, el texto amplía los requisitos de verificación migratoria de los trabajadores que ahora es obligatoria para las empresas con más de veinticinco empleados a través del sistema federal E-Verify. La ley establece fuertes sanciones de no hacerlo.

La Sección 5 de la controvertida norma exige a los hospitales acogidos al seguro médico subvencionado Medicaid a registrar el estatus migratorio de sus pacientes y, en el caso de los indocumentados, a entregar la información al estado acompañada del coste de la asistencia. La disposición es problemática, ya que vulnera la ética médica de confidencialidad y del deber de tratar a todos los enfermos.

Las organizaciones de defensa de inmigrantes han calificado la ley de cruel, discriminatoria y divisiva. Denuncian que tiene como blanco a una comunidad ya de por sí muy vulnerable y que lucha por sobrevivir. El impacto psicológico ya ha comenzado. «La gente tiene pánico», dice Mariana Blanco, subdirectora ejecutiva del Centro Maya Guatemalteco. Blanco señala que muchos en la comunidad hispana local han llamado a pastores y líderes comunitarios para expresar su angustia. No en vano, la regulación les dificultará encontrar empleo y disuadirá a muchos de buscar atención médica.

Por otra parte, las implicaciones que la ley tendrá en la economía son devastadoras. La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida estima que unos 300.000 jornaleros viven ilegalmente en el estado, un 60% del total de la fuerza laboral del campo. La pérdida de esta mano de obra tendrá consecuencias significativas, advierte. Lo mismo ocurrirá en la construcción, jardinería industrial, hostelería y el cuidado doméstico.

Según Blanco, la norma causará estragos económicos y obligará a muchas empresas locales a abandonar el Estado. Además, desalentará la creación de nuevas compañías y los negocios locales perderán a sus empleados.

Otra sección problemática obliga a los adultos y menores detenidos por Inmigración a proporcionar su ADN a las autoridades de Florida para ser compilado en una base de datos. De igual modo, se amplían las funciones de la Policía, que ahora incluye 'supervisión de la inmigración', una competencia federal. También expande las leyes antiterroristas para incluir la inmigración indocumentada.

Para Susan Pai, abogada de inmigración de Florida, se trata de «una forma astuta» de evitar tener que crear delitos de inmigración específicos del Estado sin que sean también delitos federales. A su modo de ver, esta «enorme expansión» de poder policial y del departamento de Seguridad «diluirá» los recursos antiterroristas en Florida.

El efecto inmediato será un aumento en la ya perversa tendencia policial al llamado 'racial profiling', ser sospechoso por la raza, que en virtud de 'parecer' inmigrante, es decir, tener un acento, hablar español u otro idioma, convierte a un individuo en cebo de detenciones. El clima antiinmigrante incentivará asimismo a muchos a la denuncia de vecinos, a abusar de adultos y menores, y a un incremento en general de la explotación laboral.

Como colofón, el gobernador DeSantis se asigna a sí mismo en esta ley doce millones de las arcas públicas para su actividad predilecta, la de transportar indocumentados a otros estados, preferiblemente demócratas. Un programa para el que no cuenta con autorización legislativa y que le granjeó gran atención en la prensa el año pasado cuando llevó sin su conocimiento (y sin autoridad) a cincuenta venezolanos que fue a buscar a Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts.

El drástico aumento de la inmigración ilegal ha dotado a DeSantis de una valiosa munición para consolidar la línea dura de su política. El republicano ha convertido en uno de los temas centrales de su política la crítica abierta a la administración Biden por el fuerte incremento del número de indocumentados que cruzan la frontera con México en busca de políticas asilo más favorables.

La expiración el jueves del Título 42, que restringía las peticiones de asilo durante la pandemia del Covid-19, ha generado una avalancha humana de inmigrantes en la frontera sur que ha puesto de nuevo en aprietos a Biden. Para deleite de DeSantis, el tema de la inmigración se sitúa así en el centro del debate presidencial de cara a 2024.