China impide la acción de la ONU contra la junta militar de Myanmar

En su determinación de «consultar con los aliados de la región y del mundo», explicó el gobierno de Biden, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este martes sin adoptar ninguna medida, dada la oposición de China, que considera un intervencionismo en los asuntos internos de su aliado. Rusia y Japón tampoco ven con buenos ojos la intervención de la ONU en su región.

El gobierno de Biden estudia sanciones unilaterales que tendrían poco impacto, primero porque los cuatro principales líderes de la junta militar que ha tomado el poder ya habían sido sancionados a través de la ley Magnisky por el genocidio de los Rohingya, y segundo porque EE UU no tiene mucha actividad económica con Myanmar. Minimizar la existente solo empujaría a este país aún más a los brazos de China, de quien depende. En ese sentido, el portavoz del Departamento de Estado admitió que su gobierno no ha tenido ningún contacto con China sobre ese tema. Probablemente sobre ningún otro, ya que Xi Jinping no figura entre los líderes con los que ha hablado el nuevo presidente. De hecho, tardó 23 días en reconocer su victoria en las elecciones de noviembre.

Sin dientes, la enviada especial de la ONU Christine Schraner Burgener urgió este martes al Consejo de Seguridad a enviar «una clara señal en apoyo a la democracia en Myanmar», sin que los quince miembros llegasen este martes a ningún acuerdo. Human Rights Watch pidió al cuerpo de la ONU que vela por la paz y la seguridad internacional exigir la liberación de todos los líderes políticos y activistas detenidos, así como la restauración del gobierno civil democrático, mediante la expedición de sanciones contra los dirigentes militares.

A su juicio, fue «el abismal fallo» de este organismo en enfrentar los abusos a los derechos humanos de los militares lo que les hizo creer, en primer lugar, «que podrían actuar como quisieran sin serias consecuencias». Y a la luz del silencio del Consejo de Seguridad este martes, tal vez tengan razón.

A la ONU le preocupa la suerte de los 190.000 musulmanes de la etnia rohinga desplazados dentro del país –casi un millón vive en campos de refugiados de Bangladesh-, particularmente porque la junta militar ha cancelado hasta final de abril todos los vuelos que entran a Myanmar, incluyendo los que llevan ayuda humanitaria. Además, unos 600.000 rohingyas siguen confinados en aldeas y campos de concentración en el estado de Rakhine, en condiciones opresivas que ameritan la acusación de crímenes contra la humanidad.

En cierto modo Myanmar y EE UU han seguido caminos paralelos al celebrar elecciones a principios de noviembre, cuyos dirigentes han calificado de fraudulentas. Solo que la fuerza de las instituciones en EE UU y la neutralidad del Pentágono han favorecido que el gobierno salido de las urnas asuma el poder, algo que no ha sabido tolerar la junta militar del país asiático.

Los observadores internacionales reconocen que hubo irregularidades en el proceso que, sin embargo, no alteraron el resultado. «Seamos claros, el resultado de las recientes elecciones fue una victoria masiva para la Liga Nacional por la Democracia, que ganó más de un 82% de los asientos parlamentarios», destacó la enviada especial del secretario general de la ONU para ese país.

La suerte de la dirigente del Consejo de Estado de Myanmar Aung San Suu Kyi, que trabajó durante tres años para la ONU y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, vuelve a ser la del arresto domiciliario, situación en la que ya pasó 15 años entre 1989 y 2010. Una «Hija de Ghandi», según la revista Time, que ni siquiera en el poder tuvo fuerza para evitar la limpieza étnica de los Rohingyas, perpetrada por la junta militar que ha vuelto a detenerla.