Soldados armados hacen guardia este domingo en el exterior del Tribunal Supremo de Bangladés. EFE

El Supremo de Bangladés anula el sistema de cuotas para el empleo público que desató una ola de violencia

En tres semanas de protestas estudiantiles han muerto 151 personas en el país, que reservaba un 30% de las plazas de funcionario a las familias de los combatientes en la guerra de independencia de Pakistán

Domingo, 21 de julio 2024, 18:35

El Tribunal Supremo de Bangladés acordó este domingo suavizar el sistema de cuotas para el empleo público tras casi tres semanas de protestas estudiantiles con más de 150 muertos en el país asiático. La fórmula seguirá en vigor, pero sólo reservará el 5% de las ... plazas de funcionario para las familias de los combatientes en la guerra de independencia de Pakistán, en lugar del 30% que contemplaba inicialmente. La sentencia coincidió con la liberación de uno de los principales líderes de las manifestaciones, Nahid Islan, tras su detención el viernes.

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La ola de violencia desatada por la recuperación de este sistema – suspendido en 2018 tras otras masivas protestas– obligó al Tribunal Supremo a adelantar la revisión de la norma, prevista para agosto. Hacía tiempo que Bangladés no se enfrentaba a unos disturbios de tal magnitud, con 151 muertos y centenares de heridos, que han puesto en jaque incluso a la primera ministra, Sheij Hasina, de 76 años, en el poder desde 2009. El país se encuentra desde el viernes bajo toque de queda, con el ejército desplegado en sus calles y la conexión a internet limitada.

La resolución del Supremo, sin embargo, no parece que vaya a frenar las manifestaciones estudiantiles en Bangladés, la octava nación más poblada del mundo, donde 18 millones de jóvenes carecen de empleo. La principal agrupación de alumnos, Students Against Discrimination, aseguró este domingo que las protestas no se detendrán hasta que se atiendan todas sus reivindicaciones. Entre ellas aparecen la abolición total del sistema de cuotas para el acceso al funcionariado, que favorece a los hijos de la élite política, incluida la primera ministra, o la introducción de un número mínimo de plazas para las mujeres. Los manifestantes denuncian, además, la influencia del Ejecutivo en el poder judicial.

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