Toque de queda en Bangladés por unas protestas que dejan ya más de 115 muertos

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Asier Quintana

Hacía años que Bangladés no se enfrentaba a unas protestas de esta magnitud aunque no es la primera vez que el sistema de cuotas para el funcionariado, que reserva el 30% de las plazas de empleo público a las familias de los combatientes en la guerra de independencia de Pakistán, genera un estallido social. En 2018, el malestar por esta fórmula, que beneficia a los hijos de la élite política, incluidos los partidarios de la primera ministra, dio lugar a su abolición tras unas manifestaciones masivas. La decisión de volver a aplicarla desató a principios de mes una nueva ola de protestas liderada por los estudiantes, que consideran este modelo discriminatorio y un obstáculo más para acceder a un puesto de trabajo estable y con un salario digno en el país asiático, donde conviven más de 170 millones de habitantes. La denuncia comenzó de forma pacífica pero en la última semana se ha transformado en disturbios y una fuerte respuesta policial.

El número de víctimas no para de aumentar desde el pasado lunes y, según los datos hospitalarios recabados por diferentes agencias, a falta de cifras oficiales, los fallecidos ascienden a 115. Sólo este sábado murieron siete personas en Daca y otra en la vecina ciudad de Savar, y al menos veinte resultaron heridas en los enfrentamientos que salpican el país, donde el toque de queda y el anuncio de que se iba a desplegar al ejército para evitar altercados no parecen haber funcionado. Tampoco el arresto el viernes de uno de los principales líderes de las protestas, Nahid Islan, ha frenado los brotes de violencia, que miles de agentes tratan de contener con gases lacrimógenos y balas de goma. El opositor Partido Nacionalista -su jefa, Jaleda Zia, lleva más de un lustro en la cárcel- acusó al Ejecutivo de orquestar «crímenes contra la humanidad» a través de las fuerzas de seguridad y tachó de «fascista» a la primera ministra, que lleva en el poder desde 2009 y es hija de Sheij Mujibur Rahman, a quien se considera fundador del Bangladés moderno.

Los enfrentamientos alcanzaron su pico de violencia el viernes, cuando un ataque a la cárcel de Narsingdi, a cincuenta kilómetros de la megaurbe de Daca, permitió que unos 800 reclusos escaparan de prisión. En los últimos días, además, se han incendiado varias comisarías, bloqueado carreteras, 'hackeado' diferentes páginas webs institucionales -donde se han colado mensajes como 'Dejen ya de matar estudiantes' o 'Ya no es una protesta, ahora es una guerra'- y la sede de la televisión estatal ha sido asaltada.

La preocupación por esta crisis se ha extendido a Bután, Nepal o India, que cuentan con numerosos estudiantes atrapados en Bangladés. Amnistía Internacional reclamó este sábado una «investigación rápida» sobre la situación y lamentó la «represión de mano dura» contra los manifestantes.