Las protestas vuelven a Irán en el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini

Amini tenía 23 años y hace un año viajó de su Saqqez natal a Teherán para una visita. Cuando paseaba por la capital fue detenida por la Policía de la Moral, dedicada a vigilar el código de vestimenta entre las mujeres. El uso del hiyab es obligatorio en Irán desde el triunfo de la revolución islámica y patrullas especiales se encargan de velar por esta norma que es una de las líneas rojas para los ayatolás. A las pocas horas de la detención, la joven fue ingresada en un hospital, donde certificaron su fallecimiento.

La versión oficial defiende que la muerte «no fue causada por ningún golpe en la cabeza ni en las extremidades» sino que estaría relacionada con «una intervención quirúrgica por una lesión cerebral a la edad de 8 años» que habría sufrido la joven. La familia nunca ha aceptado esta versión, el padre reveló que el cuerpo presentaba contusiones y repitió que su hija estaba en «perfecto estado de salud».

Esa muerte fue la chispa que hizo estallar la mayor revuelta social desde el triunfo de la revolución islámica. Las protestas se extendieron por todas las ciudades bajo el lema de 'Mujeres, vida, libertad' y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, según denuncian diferentes organizaciones humanitarias. Con el paso de los meses las manifestaciones se fueron espaciando, pero el malestar no ha desaparecido y por primera vez en 44 años se pueden ver mujeres que desafían la norma y no se cubren.

Las autoridades no quieren que se repitan las protestas y, además de reforzar la presencia policial, en los últimos meses han llevado a cabo varios juicios y ejecutado a los detenidos durante las revueltas. Las periodistas que primero informaron del caso no se han librado de la persecución y están acusadas de «colaborar con el Gobierno hostil de los Estados Unidos, confabularse para cometer delitos contra la seguridad nacional y realizar actividades de propaganda contra el régimen», declaraciones que pueden acarrear la pena capital en la república islámica. Se trata de las reporteras Niloofar Hamidi, de 29 años y redactora del diario 'Shargh', y Elaheh Mohammadi, de 30 años que trabaja para el rotativo 'HamMihan'.

En un reciente balance de la situación en Irán, Amnistía Internacional (AI) recordó que «al menos siete personas han sido condenadas a muerte en relación con las marchas y hay muchas más que también están en riesgo de ser condenadas a dicha pena. Las autoridades han vulnerado los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como flagelaciones, descargas eléctricas, amenazas de muerte y violencia sexual».

La gravedad de las protestas reabrió el debate sobre la obligatoriedad del velo, pero el núcleo duro del régimen no quiere cambios y por ello el Parlamento analiza una ley que incrementaría los castigos a las mujeres que no lo usen y los negocios que frecuentan. Este proyecto de ley pide establecer multas y sentencias de cárcel para aquellas que sean sorprendidas sin el velo.

Con motivo de este primer aniversario, la Misión Internacional Independiente de Investigación establecida por la ONU emitió un comunicado en el que recogió que «el acoso estatal a mujeres y niñas va en aumento. Las autoridades están exacerbando las medidas punitivas contra quienes ejercen sus derechos fundamentales, incluida la libertad de religión, de expresión y de reunión pacífica». El organismo internacional concluye que el Ejecutivo «respondió a las protestas con fuerza innecesaria y desproporcionada, arrestos y detenciones arbitrarias, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y acoso a familiares de las víctimas, que continúa hasta hoy».