Irán juzga a las periodistas que desvelaron al mundo el caso de Mahsa Amini

Niloofar Hamidi, de 29 años, es la redactora del diario 'Shargh' que tomó la primera foto de la familia de Amini rota de dolor en el pasillo de un hospital de Teherán. Esa imagen se viralizó en redes sociales y fue la chispa que encendió la ira popular contra la Policía de la Moral. Su colega Elaheh Mohammadi, de 30 años y redactora del rotativo 'HamMihan', fue detenida tras la cobertura que realizó del funeral de la joven kurda en su localidad natal de Saqqez, al oeste del país. Ambas llevan ocho meses bajo arresto en el módulo de mujeres de la prisión de Evin, al norte de la capital.

Los juicios contra las periodistas se desarrollan a puerta cerrada y por separado en la sede del Tribunal Revolucionario de Teherán. La familia de Hamidi denunció en redes sociales que no se les permitió acceder a la sala durante una audiencia que duró dos horas en la que el equipo legal tampoco tuvo oportunidad de defender a su clienta, según recogió el portal opositor Iran Wire.

Las protestas estallaron en Irán en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la Moral de Teherán. Le detuvieron por no llevar de forma correcta el velo y no salió con vida de las dependencias policiales. Han sido las protestas más graves de las últimas décadas y han obligado a abrir el debate sobre la obligatoriedad del velo, una norma que en las grandes ciudades muchas mujeres desafían desde entonces.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Teherán unieron sus voces en un comunicado para exigir que el juicio se lleve a cabo en audiencia pública. La presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, denunció que «las periodistas Hamidi y Mohammadi han sido injustamente detenidas… simplemente por hacer su trabajo. El encarcelamiento de periodistas envía una señal alarmante a nivel internacional».

Mehdi Rahmanian, director del diario 'Shargh', que tiene experiencia con otros miembros de la plantilla detenidos en el pasado, insistió en la importancia de abrir las vistas al público porque «cuando el juicio es abierto al público, significa que el sistema judicial cree que su propia sociedad puede ser el jurado, pero cuando se lleva a cabo a puerta cerrada, cualquiera puede emitir un juicio que puede no ser el correcto».

Los procesos legales avanzan y hace dos semanas tres manifestantes fueron ejecutados tras ser declarados culpables de la muerte de tres agentes de seguridad. Desde Amnistía Internacional (AI) recuerdan que «al menos siete personas han sido condenadas a muerte en relación con las protestas y hay muchas más que también están en riesgo de ser condenadas a dicha pena. Las autoridades han vulnerado los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como flagelaciones, descargas eléctricas, amenazas de muerte y violencia sexual».