Hong Kong condena por subversión a catorce defensores de la democracia

El veredicto llega tres años después de que la Policía arrestara a 47 opositores en redadas domiciliarias llevadas a cabo por la ciudad. Aunque todavía no se conocen las condenas, las 14 personas consideradas culpables y otras 31 que se habían aceptado su responsabilidad previamente se exponen a penas de entre tres años de cárcel y cadena perpetua por «conspirar para subvertir el poder estatal» mediante su participación en unas elecciones informales en julio de 2020.

Sus arrestos se produjeron en enero del año siguiente. En total, 55 políticos y activistas opositores a Pekín fueron llevados a los calabozos por su relación con la convocatoria de unas primarias no oficiales que pretendían alcanzar una candidatura unificada para hacer frente al actual Gobierno en los comicios legislativos de 2020, finalmente pospuestos por la pandemia.

El macrojuicio arrancó en febrero de 2023 sin jurado y con tres jueces escogidos a dedo por el Gobierno en un proceso muy criticado por Occidente por motivaciones políticas. Todos los acusados carecieron del apoyo de abogados y se vieron obligados a defenderse a sí mismos en sesiones abarrotadas de diplomáticos extranjeros en medio de un gran despliegue policial.

En el escueto fallo publicado por el tribunal, los jueces Andrew Chan, Alex Lee y Johnny Chan argumentan que si los acusados hubieran tenido éxito en las primarias, obteniendo el control del consejo legislativo, habrían podido vetar el presupuesto del Gobierno chino, junto a la ansiada norma de seguridad de Xi. Algo que, según el tribunal, habría generado «una crisis institucional para Hong Kong» e «interferido gravemente el desempeño de los deberes y funciones con la ley por parte del Ejecutivo».

Los principales condenados son los activistas Owen Chow, Lee Yu-shun y Gwyneth Ho, que permanecieron impasibles al oír la sentencia, y el exprofesor de Derecho Benny Tai, al que la Fiscalía le acusa de ser el cerebro de la operación diseñada contra el gabinete títere. Por el momento se desconoce si alguno de ellos apelará la sentencia y tampoco si los que admitieron su culpabilidad se beneficiarán de una reducción de condena. De cualquier manera, tanto Estados Unidos como los países europeos han pedido la liberación inmediata de los procesados, privados de libertad desde su detención.

Las discrepancias entre la ciudadanía y la administración china de Hong Kong estallaron en 2019, cuando en la antigua colonia de Londres estalló una ola protestas masivas a favor de la democracia y contra los planes de Pekín de aprobar una legislación que, según los disidentes, infringía las libertades garantizadas en 1997 en el acuerdo por el que la isla volvió al control de China.

Xi Jinping impuso una ley de seguridad nacional que puso fin al régimen de libertades y desembocó en una serie de arrestos de activistas, así como en el cierre de los medios de comunicación y las ONG contrarios al Gobierno. Esta controvertida norma permitió bloquear todas las marchas prodemocracia convocadas en la isla, algo que, según Amnistía Internacional, «representa una purga total de la oposición política».