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La violencia en Ecuador no tiene límites. El Ministerio del Interior del país latinoamericano publicó el lunes unos datos escalofriantes. En el primer trimestre de ... este año se han superado todos los récords de muertes violentas: 2.361 homicidios, un 65% más que en 2024 (1.428). Sólo en el mes de marzo hubo que lamentar 831 crímenes, lo que supone un asesinato cada hora. Las críticas sobre el presidente recién reelegido, Daniel Noboa, no se han hecho esperar por parte de sus opositores y especialmente por el correísmo, que sostiene que en las elecciones de mediados de abril hubo fraude.
Acusan a Noboa de responder a la violencia que atraviesa el país con medidas todavía más represivas, en lugar de buscar fórmulas preventivas. La Administración reconoce que las capacidades que tiene para luchar contra esta ola de criminalidad han sido sobrepasadas y que apenas cuenta con herramientas para combatir a los Grupos Armados Organizados (GAOS), como Los Lobos y Los Choneros.
La versión más repetida por parte de las autoridades ecuatorianas es que los grupos violentos lo único que buscan es desestabilizar al Gobierno así como atemorizar a la ciudadanía y ganar espacio para continuar con el tráfico de drogas y de armamento. Ante la creciente violencia, este mismo mes, el Ejecutivo declaró el estado de excepción en siete provincias y dos cantones del país.
Según organizaciones de derechos humanos cada día se denuncian 18 desapariciones en Ecuador. De las 6.875 personas a las que se perdió el rastro en 2024, 394 fueron encontradas sin vida. Pero, curiosamente, más de un centenar de ecuatorianos que se hallaban en paradero desconocido fueron localizados en las pasadas elecciones.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) subrayó que de enero a diciembre de 2024 fueron presentadas 6.875 denuncias por este motivo, lo que supone que se perdió la pista a 18 ciudadanos al día. El 82,1% fueron halladas, el 12,2% siguen en paradero desconocido y el 5,7% aparecieron sin vida. Muchos casos están vinculados a problemas familiares, violencia, trata de personas y secuestro. Guayas (35,2%), Pichincha (10,5%) y Manabí (9,5%) son las provincias que registran el mayor número de casos.
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