La violencia devora Ecuador un año después del asesinato del candidato Villavicencio

«A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país», escribió la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, tres días después del suceso. Ella está convencida de que fue un crimen político. Los seis sicarios detenidos por llevar a cabo el magnicidio fueron asesinados en prisión poco después. El día del atentado otras trece personas -policías, militares y simpatizantes del candidato- resultaron heridas. Ecuador entró en estado de shock. Sólo dos meses más tarde fue a las urnas, donde eligió a Daniel Noboa como presidente en unas elecciones que se desarrollaron entre el miedo y la violencia. Los aspirantes votaron con chaleco antibalas y casco, y rodeados por más policías que nunca.

El pasado año finalizó con 7.258 fallecidos en Ecuador por las guerras entre los distintos clanes de la droga y la delincuencia y marcado por la corrupción política. Y nada parece haber cambiado en los últimos meses. Las muertes violentas ascienden desde enero a 3.508. Ya nadie ve tampoco al país como un destino turístico. En el primer semestre el número de viajeros ha caído un 17,48%.

La condena a los autores intelectuales de la muerte de Villavicencio, que lideraba la lucha anticorrupción y desafiaba a las bandas, no ha satisfecho a una gran parte de los ecuatorianos. Una de sus hijas, Amanda, a quien el partido Construye quiere como candidata en las elecciones presidenciales de 2025, lo expresa alto y claro: «Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir. No crean que nos conformaremos con estos cinco delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir». La Asamblea Nacional tenía previsto esta semana presentar un informe sobre el crimen, pero fue suspendido.

Christian Zurita, que sustituyó a Villavicencio como candidato a las presidenciales, culpa de la crisis al poder judicial: «Parte de la Justicia penal ecuatoriana, fiscales y policías han sido captados por el crimen organizado. Alcaldes y concejales también tienen acuerdos con él. Ecuador tiene un retroceso institucional grave y nada de esto se ha solucionado desde la muerte de Fernando», manifiesta a este medio. En su opinión, el Ejecutivo de Noboa tampoco ha encontrado la manera de frenar el crimen pese a tratar de controlar vías y barrios peligrosos con la presencia de militares. «El país conoce mejor su situación pero no ha podido controlar a los cárteles y vincular sus acciones con quienes los protegen desde la Justicia, la Policía o gobiernos locales. Solo cuando concluya 2024 y midamos la tasa de homicidios sabremos si hubo o no resultado en este año de transición política», plantea

Tras la muerte de Villavicencio, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, aseguró que el mismo grupo que mató al candidato fue contratado para «acallar» su voz. «Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí, vengan a asesinarme», retó durante una audiencia en la que pedía prisión para otros ochos implicados dentro de la investigación del caso bautizado como 'Metástasis'. Salazar ordenó 75 allanamientos, puso bajo sospecha a más de treinta personas en siete provincias y denunció la existencia de una estructura criminal vinculada al narcotráfico que había penetrado en todos los niveles del Estado.

Para intentar detener la violencia y garantizar seguridad a los ciudadanos, Noboa decretó en enero el estado de excepción en todo el país y declaro el «conflicto armado interno», una situación que el 2 de agosto prorrogó por quinta vez en varias provincias y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay durante sesenta días. La Corte Constitucional ha catalogado la medida de inconstitucional. Según este órgano, el informe del Gobierno hace un recuento de hechos generales y no concretos. «Los indicios aportados por el presidente no demuestran de manera individualizada cómo cada hecho violento constituye el parámetro de intensidad exigido en el marco de un conflicto armado no internacional ni a qué grupos organizados son atribuibles», argumenta.

Las últimas declaraciones de Noboa tampoco ayudan a la unidad pretendida por parte de algunos partidos. En un spot televisivo escribió: «Nos dicen novatos, pero para nosotros es un cumplido porque la forma de hacer política del viejo Ecuador no funcionó. Durante muchos años, el Ecuador ha sido gobernado por ladrones. En este Gobierno, la corrupción caducó». No tardó mucho en responder a este anuncio el expresidente Rafael Correa -refugiado en Bélgica y a quien también acusan de estar entre los autores intelectuales de la muerte de Villavicencio- desde las redes sociales: «Al ladrón, al ladrón…Es la bien conocida táctica de los ladrones para despistar. El problema no es ser novatos. El problema es ser ineptos. En fin los corruptos fueron ellos».

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ha lanzado un discurso en el que comenta los desafíos que tiene Ecuador: «Nos enfrentamos a graves problemas de inseguridad, una falta alarmante de empleo y una economía improductiva y ralentizada. La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo y prosperidad del país,, es el cimiento sobre el cual se construyen las instituciones, se fortalece la democracia y se asegura el bienestar de la ciudadanía».

A nadie escapa que muchos de los discursos suenan a preparación de las candidaturas para las elecciones a la presidencia que se celebrarán el próximo febrero. De momento, Andrea González Nader, de 37 años, que acompañó a Villavicencio durante la pasada campaña, ha anunciado que se presentará por el movimiento Concertación y que cuenta con el apoyo del Partido Socialista Patriótica.