La OEA mete presión a Maduro y exige una verificación de las elecciones «con la máxima integridad»

El comunicado de la OEA guarda grandes similitudes con el que este viernes hicieron público la Unión Europea y veintidós países, especialmente del ámbito europeo y latinoameriicano, entre ellos España. En el denominado grupo de Santo Domingo, por ser en la ciudad dominicana donde se firmó, se incluyen además Estados Unidos, Canadá y Marruecos, y por primera vez todos ellos ponen el índice no solo en la reclamación de «transparencia» electoral sino en la advertencia a Maduro de que detenga la represión y libere a las víctimas de «detenciones arbitrarias».

El mensaje de la OEA tiene una relevancia extra para el Gobierno chavista porque supera el bloqueo de algunos de sus socios, que hace un par de semanas impidieron acordar una declaración conjunta. Entonces, diecisiete miembros de la organización se pronunciaron, quizá en un tono más severo, reivindicando la publicación íntegra del escrutinio electoral. Pero con esta resolución es la región quien le cierra públicamente las puertas. El propio Consejo Permanente destaca en su encabezamiento que ha sido por «consenso» de sus miembros la decisión de alzar «la voz en apoyo a la voluntad de todos los venezolanos»

«La transparencia en este proceso no es un mero requisito de procedimiento. Promueve la confianza de los venezolanos que merecen conocer el verdadero resultado de sus votos, un resultado que refleje su voz colectiva, libre de manipulaciones», indica el comunicado. En ese sentido, reclama la publicación del escrutinio total de los comicios, mesa por mesa, y le advierte a la Comisión Nacional Electoral de su deber de proteger «todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación».

La OEA se suma a la creciente exigencia de la comunidad internacional para que el régimen chavista detenga la represión y las «violaciones de derechos humanos». Previene contra las «detenciones arbitrarias», afirma que el derecho a un juicio imparcial es una «prioridad absoluta» y llama a proteger los derechos políticos y de manifestación «sin represalias». También emplaza a las autoridades venezolanas a que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, lo que incluye a las personas que solicitan asilo en las legaciones. La OEA se refiere así a los seis líderes opositores que permanecen refugiados desde marzo en la embajada de Caracas en Argentina, a la que el régimen de Maduro ha llegado a cortar la electricidad para forzar su salida.

Edmundo González Urrutia, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, ha mostrado su agradecimiento a la Organización de Estados Americanos por una resolución que «demuestra un firme respaldo de los países de las Américas a los derechos humanos de los venezolanos y al respeto de la soberanía popular». González ha reiterado que el país necesita un «proceso de transición urgente», una reivindicación que este sábado se escuchará en las trescientas manifestaciones convocadas por la oposición en todo el mundo, incluida Caracas, donde está previsto que aparezca la líder María Corina Machado.

Tanto ella como González se encuentran en «un refugio seguro» para evitar posibles represalias del oficialismo, que ha detenido ya a una veintena de representantes de la oposición. Los dos principales abanderados de la plataforma también han mostrado su agradecimiento al comunicado del grupo de Santo Domingo, puesto que «refuerza las múltiples exigencias del mundo» para que se reconozca la «verdad sobre las elecciones del 28 de julio». Los datos de la oposición apuntan a que Maduro fue proclamado presidente releecto de manera fraudulenta y que las actas reales de la jornada electoral muestran una clara victoria de Edmundo González.

Una veintena de países, entre los que se encuentran España, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Marruecos y Argentina, además de la UE como organización, han emitido un comunicado conjunto en el que exigen a Nicolás Maduro la publicación de las actas electorales del 28 de julio, el fin de la represión, la libertad de los ciudadanos que han sufrido detenciones «arbitrarias» y un acuerdo de «reconciliación nacional». Los gobiernos hacen una «firme llamada a la sensatez y la cordura», expresan su alarma por la abundancia de denuncias sobre infracciones de derechos humanos cometidas desde el propio régimen venezolano y lo emplazan a regresar a la senda de la «paz» y la «democracia».

El comunicado es el más riguroso de cuantas apelaciones ha hecho la comunidad internacional al chavismo desde el estallido del escándalo por el presunto pucherazo electoral. En sus once años de mandato, es muy posible que Maduro nunca haya sentido la presión de un frente tan global, acentuada por el hecho de que sus históricos vecinos le han soltado de la mano. El colombiano Gustavo Petro le sugiere celebrar «elecciones libres» o forjar un Gobierno de coalición mientras su otrora amigo y aliado geoestratégico, el presidente brasileño Inazio Lula da Silva, le ha acusado de dirigir un régimen «muy desagradable con tendencia autoritaria».

El Reino Unido, la República Checa, Portugal y Países Bajos son los restantes gobiernos europeos que han estampado su firma de modo particular en la solicitud a Caracas de que retroceda en su espiral. El bloque latinoamericano se completa con Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Entre las ausencias más reconocidas de la región figuran las de Lula y Petro, que siguen intentando por su cuenta conectar con Maduro pese a agriarse su relación, y México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que no interferirá en asuntos de otro país.

«Urgimos a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión», señala el comunicado, que agrega cómo «ésta no es la realidad actual». El texto fue consensuado este viernes en la República Dominicana, concretamente en Santo Domingo, aprovechando la presencia de numerosos dirigentes de todo el mundo en el acto de posesión del presidente Luis Abinader para un segundo mandato. En tono solemne, la lectura de la carta correspondió al ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez.

Tras expresar su rechazo a la represión y a la violencia «que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral», los gobiernos firmantes destacan que «las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación», subraya el mismo día en que el Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió de las «torturas» y «condiciones extremas de sufrimiento» que viven las arrestadas recluidas en el centro para mujeres del Estado de Miranda.

En total, se calcula que los detenidos en las movilizaciones de la oposición superan las 2.000 personas. Otra ONG reveló este viernes también que muchas permanecen en paradero desconocido y que hay cientos de casos donde los abogados no encuentran las actas de los juicios ni de las condenas. Entre los incomunicados figuran diputados y representantes de la oposición, a los que el grupo de países pide dejar en libertad.

La reclamación de transparencia a la Comisión Nacional Electoral sigue en pie. La UE y los veintidós gobiernos consideran necesario que este organismo haga públicas todas las actas de votación originales -que mantiene celosamente ocultas desde la misma madrugada del 29 de julio- para ser sometidas a una «verificación imparcial e independiente», preferiblemete «por una entidad internacional» «Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente», apostilla el grupo de Santo Domingo que, de esta manera, resta credibilidad a la más que probable validación de las actas por el Tribunal Supremo de Venezuela. Maduro acudió a esta sala con un recurso de amparo que, según diferentes analistas, sólo trataría de legitimar un escrutinio electoral manipulado e incompleto.

Los firmantes creen también que ha llegado el momento de celebrar un «diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia» en el país sudamericano. Después de este comunicado, la pelota pasa al tejado del chavismo. Hasta ahora, Maduro ha rechazado todo tipo de emplazamientos a solucionar las crisis con dos argumentos: se trata de «injerencias extranjeras» o intentos de «golpe de Estado», como últimamente repite el líder nicaragüense en apoyo al presidente chavista.

La piedra de toque más inmediata para atisbar el futuro será el sábado la movilización convocada por la oposición en Caracas, a la que el oficialismo ha respondido contraprogramando su propia manifestación. La posibilidad de disturbios y de una nueva ola de represión es elevada, salvo que Maduro acate el emplazamiento del grupo de Santo Domingo. Varios cargos del gabinete recorrieron el jueves y el viernes los medios afines avisando de que «mercenarios pagados» y células «ultra» pueden promover atentados.

El conflicto postelectoral venezolano ha hecho saltar otras crisis más que nadie se esperaba. La primera, la de la amistad. Luiz Inácio Lula da Silva realizó este viernes unas inesperadas declaraciones donde aseguró que el país vecino «vive un régimen muy desagradable» que muestra «una tendencia autoritaria». El mandatario reaccionó así al desprecio de Nicolás Maduro ante la iniciativa brasileño-colombiana de proponer la repetición de los comicios en Venezuela.

La otra crisis es la que agrieta la Organización de Estados Americanos, El 31 de julio, 17 países de la OEA fracasaron en su pretensión de aprobar una declaración conjunta a favor de que Caracas difundiera las actas de las elecciones por las abstenciones de Brasil y Colombia, entre otras circunstancias. Este viernes volvieron intentarlo y en la noche seguían en pleno debate, pero Cuba ya reprochó los «intentos injerencistas» sobre la política venezolana.