La reforma constitucional de Chile se inclina hacia la prohibición del aborto

La actual Constitución del país, redactada en 1980, había penalizado el aborto en todas sus causas, pero en 2017 se aprobaron tres excepciones que autorizan su práctica. Por voluntad de la madre y con la intervención de un médico cirujano, el embarazo puede interrumpirse si pone en riesgo la vida de la mujer, el feto padece una patología congénita adquirida o genética, o antes de las doce semanas de gestación si fuera el resultado de una violación. Antes del visto bueno a estas excepciones, hace seis años, se estima que se realizaban unos 70.000 abortos de manera clandestina y en condiciones de extrema inseguridad.

La ultraderecha chilena, con 22 de los 50 consejeros, es la primera fuerza política en el Consejo Constitucional. Con el poder de veto a cualquier propuesta no afín a sus ideas, es probable que el contenido conservador prime en la redacción de la nueva Carta Magna. Alrededor del 60% de los nuevos constituyentes se inclina por que el texto no introduzca avance alguno en la legalización de la interrupción del embarazo.

El mes pasado los republicanos presentaron varias enmiendas al actual borrador, que ya es de tinte moderado y que fue elaborado entre marzo y junio por una comisión experta. Entre las principales propuestas figura «el derecho a la vida. Se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad. Son contrarios a este derecho el genocidio y toda práctica eugenésica. Se prohíbe la pena de muerte». Esta propuesta ha alarmado a los colectivos feministas y a la oposición, pues consideran que pone en entredicho la actual ley del aborto con los tres supuestos vigentes.

El Partido Republicano y Chile Vamos llegaron a un acuerdo para presentar sus cambios, desatando la tensión con los sectores más progresistas. La suma de las dos formaciones dejaría a la izquierda con sólo 16 de los representantes en el Consejo Constitucional.

Además de las iniciativas antiaborto, la oposición también denuncia la existencia de otras propuestas que pretenden «derechizar» la Carta Magna y que «afectan en mayor medida a la clase trabajadora». Por ello, el consejero socialista Alejandro Köhler ha advertido de que se allana el terreno para volver a caer en el fracaso del anterior proyecto constitucional del año pasado. «Nos parece que este verdadero bombardeo de enmiendas que hemos conocido de los republicanos son en esencia la expresión de una visión partisana de la Constitución. Si esta línea se mantiene se arriesgan a repetir el error» del anterior referéndum «que terminó en un rotundo rechazo».

Cuando el Consejo Constitucional fue instaurado formalmente el 7 de julio, con una gran ventaja de la derecha, el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric declaró que se volvía «a tener una oportunidad de construir con diálogo y encuentro lo que represente de la mejor manera los anhelos de todos». Sin embargo, con las pocas intenciones de cambio del modelo instaurado bajo el régimen militar de Pinochet por parte de la derecha se teme que el plebiscito para la aprobación del nuevo texto, previsto para el 17 diciembre, coseche de nuevo una rotunda negativa.