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El Centro Carter, observador de primer nivel en las elecciones presidenciales de Venezuela, ha declarado que el proceso «no se adecuó» a los estándares éticos internacionales y asegurado que los comicios «no pueden ser considerados como democráticos». Entre las irregularidades más importantes figuran que la ... Comision Nacional Electoral designo a Nicolás Maduro vencedor en las urnas cuando todavía faltaban de contar dos millones de votos y que tampoco ha ofrecido los resultados desglosados mesa por mesa, lo que viola los «principios electorales».
En una dura resolución, este organismo señala que no solo se han vulnerado preceptos internacionales sino las propias leyes venezolanas, en un ambiente de «libertades restingidas» y con numerosas muestras de la propia comisión electoral de «parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».
El Centro Carter fue fundado en 1982 en Atlanta por el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Aparte de ser una fundación de estudios, realiza un amplio despliegue de mediación internacional, que comprende desde su intervención en conflictos hasta las labores de observación en procesos electorales, como es el caso de Venezuela. Cuenta con una elevada reputación y sus informes suelen ser tenidos en cuenta por los gobiernos y organismos internacionales. En estos comicios desplegó un grupo de observadores que, según denuncia en sus conclusiones finales, ni siquiera ha tenido acceso a las actas electorales.
La fundación denuncia que la falta de «integridad» afecta a todos los tramos del proceso electorales, desde el registro de las candidaturas opositoras «sin respetar principios jurídicos básicos» a las trabas impuestas a los votantes en el extranjero (millones de migrantes no pudieron depoitar su papeleta) y «el abuso de recursos públicos» a favor de Maduro, incluidos vehículos oficiales y numerosos funcionarios que trabajaron a favor de su campaña.
Respecto a la oposición , argumenta que hubo actos de «persecución e intimidación» contra personas que «prestaron servicios» a políticos antichavistas «para generar un efecto disuasivo» y que el mismo domingo de las elecciones el régimen intntó presionar al electorado al instalar »puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes».
El informe del Centro Carter supone un importante varapalo para la legitimidad del Gobierno de Maduro y echa por tierra la imparcialidad de quienes todavía avalan los resultados electorales. Cada vez menos. La presión internacional crece por momentos y eso convierte al líder chavista, según palabras de un crítico de la cancillería colombiana, cuyo personal ha sido expulsado de Caracas, en «un animal herido, tal vez de muerte, y eso lo hace muy peligroso».
De momento, Estados Unidos le ha prevenido contra la eventual detención de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, como reclaman los dirigentes chavistas más cercanos al presidente. «Rechazamos los llamamientos de Maduro y su círculo íntimo para el arresto de los líderes de la oposición. Los venezolanos tienen el derecho constitucional a expresar sus opiniones libremente y sin represalias», ha señalado Brian Nichols, subsecretario de Estado para América Latina. A su juicio, la persecución solo demuestra que Maduro debe «recurrir a la represión» ante la ausencia de datos fiables que demuestren su legitimidad como presidente reelecto.
Por su parte, María Corina Machado ha rechazo la posibilidad ofrecida por el Gobierno de Costa Rica de exiliarse a este país. La dirigente se enfrenta a una posible orden de detención después de que los afines más próximos a Maduro le hayan pedido que ordene su detención, así como la del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.
El canciller costarricense, Arnaldo André, había anunciado que su Gobierno está dispuesto a «otorgar asilo político» a los dos políticos venezolanos y a los seis miembros del equipo de Machado que permanecen refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, a la que el régimen de Maduro ha cortado la electricidad. Al ofrecimiento, la opositora ha «agradecido la generosa hospitalidad» del Ejecutivo de Costa Rica y su reacción «a la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial del 28 de julio». Sin embargo, Machado subraya que su «responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente» y la «protección de nuestros compañeros asilados en la embajada de Argentina».
Medios venezolanos dan por hecho que el arresto de Corina Machado y Edmundo González constituye el siguiente paso en la «escala represiva» del Gobierno, que sigue su confrontación también con la comunidad internacional al negarse a revelar las actas de votación de los comicios del pasado domingo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que se ha convertido en el principal látigo contra la oposición y vocero del régimen, ha exigido al fiscal general que los dos políticos sean detenidos. «Deben ir presos», ha asegurado tras mostrar su convencimiento de que ambos realizan actos conspirativos contra Maduro y constituyen un «comando de acción violenta».
Sus manifestaciones siguen la estela del propio fiscal general, Tarek William, quien no descartaformular sendas acusaciones contra Corina Machado y Edmundo González. Un tercer líder contrario al régimen, Freddy Superlano, se encuentra desaparecido desde que el martes fuera «secuestrado» por «funcionarios encapuchados». Algunos atribuyen la acción a paramilitares mientras otros sectores señalan que fue detenido por agentes de la propia seguridad presidenciall. Superlano, referente del progresista Voluntad Popular, había hecho campaña con Machado y González justo antes de las elecciones.
El propio Nicolás Maduro ha arremetido, en un acto ante simpatizantes del Gobierno, contra el que ha sido su rival opositor. En su habitual tono, le ha emplazadó a medirse personalmente con él después de llamarle «cobarde» y compararle con Juan Guaidó, exdirigente antichavista que se autoproclamó presidente interino de Venezuela durante cinco años, con nulos efectos prácticos pero con el reconocimiento teórico de varios países, y que desde 2023 reside exiliado en Miami tras una división con el resto de la oposición. «Señor cobarde (en alusión a Edmundo González), no se meta con el hombre de a pie, venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde», le ha exigido Maduro desde el palacio presidencial.
La «aberrante manipulación» de las elecciones venezolanas, como este martes calificó la Organización de Estados Americanos el triunfo de Nicolás Maduro, ha traído cárceles llenas de presos y hecho arder la calle con una mezcla de frustración, hastío y también miedo a un futuro inmediato impredecible. En menos de 36 horas la Policía Nacional y el ejército detuvieron a más de 800 personas en una oleada de represión que muchos daban por segura desde la misma madrugada electoral, cuando el líder chavista se proclamó ganador de unos comicios vestidos como un presunto fiasco.
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Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han vuelto a mostrar su cara más trágica, con al menos once muertos contabilizados por ONG independientes, que otras fuentes elevan hasta una docena. También hay cientos de heridos, la mayoría por impactos de perdigón, pelotas de goma o los efectos de los gases lacrimógenos. Las ONG internacionales han reclamado evitar una espiral de violencia y «salvaguardar los derechos fundamentales» de la población.
La situación no es buena. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, declaró en la noche del martes que los ciudadanos quieren un cambio e instó a las fuerzas armadas a que «cumplan con su juramento» y frenen la represión. Sin embargo, sus palabras tuvieron escaso eco en el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien llegó a afirmar que está en marcha un supuesto golpe de Estado contra Maduro. «Ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más, no hay quien pueda con la conciencia de todo un pueblo, no hay quien pueda con la fortaleza moral de la fuerza armada», advirtió.
219 protestas
se habían registrado hasta la tarde del martes en las calles de Venezuela. En los disturbios se han contabilizado decenas de heridos, entre ellos 48 policías y militares. Al menos un soldado ha perdido la vida.
La Fiscalía informó de que hasta la tarde se habían registrado 219 protestas callejeras. En Caracas casi coincidieron las asambleas de la opositora Plataforma Unitaria Democrática y una concentración de miles de chavistas en el centro de la capital organizada para jalear a Maduro en el Palacio de Miraflores. Horas después se seguían reportando casos de algaradas.
Tarek William Saab, el fiscal general designado por el régimen chavista, señaló que 48 heridos en los disturbios han sido policías y militares y que un soldado murió por «los disparos efectuados por los manifestantes». Según el ministro de Defensa, una bala le alcanzó el cuello. Nada dijo, sin embargo, sobre el resto de las víctimas mortales ni del estado de los civiles heridos. William Saab tampoco dio detalles sobre la desaparición de Freddy Superlano, exdiputado y coordinador del partido opositor Voluntad Popular, a quien unos «funcionarios encapuchados» sacaron de su coche y se lo llevaron en una camioneta junto a Rafael Sivira, dirigente juvenil del partido laborista Causa R. Mientras unas fuentes precisaban que se trataba de un «secuestro» a manos de paramilitares, otras explicaron que los encapuchados eran agentes del servicio de seguridad presidencial.
Les dijimos que íbamos a ganar y a cobrar; tenemos cada una de las actas y esa es la prueba irrefutable de que GANAMOS y @EdmundoGU es el nuevo presidente electo.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 30, 2024
Así lo ratificamos hoy cívicamente en Caracas. pic.twitter.com/TZu3pWGuBo
.El exdiputado es un referente popular del progresismo venezolano. De 48 años, concurrió en 2021 al cargo de gobernador de la región de Barinas. Logró la mayoría, pero el régimen chavista no reconoció los resultados. Voluntad Popular, formación fundada en 2009 por el exiliado Leopoldo López, ha pedido la liberación de Superlano y se ha dirigido a la comunidad internacional para denunciar la «escalada represiva de la dictadura de Maduro». Corre el rumor de que la líder de la Plataforma Unitaria Democrática, María Corina Machado, pudiera también ser detenida en breve, y que hay 25 estudiantes desaparecidos desde el domingo por negarse a que dirigieran su voto.
Los ciudadanos se concentraron delante de sedes institucionales y oficinas del Gobierno. Hubo un intento de plante ante el edificio presidencial, pero el cordón de seguridad bloqueó las calles y avenidas adyacentes. Aun así, la multitud coreó gritos de «libertad» y «fuera Maduro». Varios vídeos mostraron cómo la noche anterior individuos armados vestidos de negro dispararon contra algunos civiles que se acercaban al Palacio de Miraflores. En la zona se encontraba desplegada la Policía, que permaneció impasible.
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Al ministro de Defensa le dolió, según propia confesión, que ocho estatuas del actual presidente y de Hugo Chávez fueran derribadas por la multitud. Lo consideró un «ultraje» a la historia de la nación. Al paso de los movilizados quedó también un rastro de carteles electorales de Maduro rasgados en el suelo. En algunos puntos se cruzaron barricadas y quemaron neumáticos. Las manifestaciones más concurridas tuvieron lugar en Petare, la autopista Caracas-La Guaira, Catia, Santa Mónica, Caricuao, La Vega y El Cementerio, además del interior del país. Demostraron que las caceroladas se han convertido en la principal herramienta para comunicar la indignación popular.
A media mañana del martes, la «expresión del cambio» se vio alimentada por el anuncio de Corina Machado de que su partido había conseguido ya el 73,2% de las actas electorales del domingo, muchas de las cuales le fueron negadas al cierre de los colegios de votación. Los informes demostrarían que los resultados fueron manipulados para favorecer la victoria del mandatario chavista. Nada nuevo en el currículum político del antiguo chófer de autobús. En las actas, dijo Machado, Edmundo González dobla en número de votos a Maduro: 6,25 millones de sufragios depositados para el primero frente a 2,28 millones destinados al segundo.
«Hay una brecha de más de tres millones de votos» que desmentirían los resultados oficiales de la Comisión Nacional Electoral, destacó Machado, y añadió que las movilizaciones constituyen por tanto «expresiones legítimas de los venezolanos ante un régimen ilegítimo». Copias de las actas se están repartiendo pueblo a pueblo «para que los ciudadanos puedan consultarlas» y se ha confeccionado una «robusta base» digital para ponerla en manos de la comunidad internacional.
El presidente reelegido se mantiene semiatrincherado en la sede presidencial, aferrado a su propia proclamación para seis años más de mandato, y desde allí ha subrayado que las protestas son responsabilidad de «grupos extremistas de la derecha» y que las fuerzas de seguridad trabajan con el fin de «contener estos actos terroristas». El presidente de la Asamblea Nacional, .Jorge Rodríguez, abundó en el mismo discurso y sostuvo que el plan de la oposición «siempre ha sido violento».
Los gobiernos del entorno y otros, mientras tanto, asisten al desbarre aparentemente sin freno del líder chavista. Poco a poco se está transformando en un terremoto regional que amenaza la estabilidad de Latinoamérica. En un arrebato ante la «injerencia» extranjera, este martes expulsó a las delegaciones diplomáticas de siete países americanos, suspendió los vuelos comerciales con otros e incluso cortó la electricidad a la embajada argentina en Caracas porque dentro hay seis líderes opositores refugiados desde marzo.
El presidente reelegido en Venezuela ha tomado medidas contra España. Menores. Ha eliminado de su ronda de agradecimientos a los gobiernos extranjeros que apoyan su triunfo –entre ellos, Cuba, Honduras, Rusia o Serbia– el dedicado a nuestro país, que incluía un enlace a la rueda de prensa de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que expresaba su reconocimiento a los resultados electorales. Ha sido borrado después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicitase publicar todas las actas electorales «mesa por mesa».
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